l referirse a las posturas críticas que recientemente han planteado Estados Unidos y Francia sobre México –el primero, por la violencia asociada al narcotráfico; el segundo, por la negación del amparo judicial a Florence Cassez–, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, sostuvo que, más allá de invocar la sensibilidad de otros mandatarios, el gobierno federal debe dar respuestas más enérgicas y demandar respeto a nuestro país y a nuestra autonomía.

La atención de estos señalamientos tendría que ser vista, por parte de las autoridades nacionales, como una medida de obvia necesidad, en un momento en que la imagen del país ha sido vapuleada por actitudes y comentarios de los gobiernos de Washington y de París. En el caso del primero, el sentido de indignación crece no sólo por la indolencia que la Casa Blanca ha mostrado para combatir en su territorio un fenómeno que ha acabado por ensangrentar el nuestro, sino también por sus intentos, cada vez menos velados, de involucrar al país en un conflicto al que es y ha sido totalmente ajeno: el combate al terrorismo. Tal intención queda confirmada en los cables diplomáticos de Wikileaks difundidos por La Jornada en su edición de ayer, y si se toma en cuenta que, según esos mismos reportes, la embajada de Washington en México no ha documentado rastro alguno de grupos terroristas, la única explicación posible para la persistencia de ese afán es un inaceptable designio injerencista.

Con respecto a los señalamientos críticos formulados por el Palacio del Elíseo sobre la negativa del amparo a Cassez –calificada por funcionarios franceses como una decisión deplorable–, y sus amenazas de que el episodio pesará en las relaciones bilaterales, tal actitud equivale a un intento inadmisible de chantajear al Ejecutivo mexicano; pasa por alto, para colmo, que la decisión final sobre el tema no correspondió a éste, sino a un poder autónomo, el Judicial, y pone en evidencia la lógica discriminatoria de la administración de Nicolas Sarkozy, que ha buscado, por distintos medios, procurar un estatuto de privilegio para la ciudadana francesa condenada por secuestro.

En ambos casos, lo procedente y necesario sería una respuesta inequívoca de las autoridades mexicanas que rechace cualquier intento de vulnerar –ya sea mediante políticas y acuerdos de seguridad o bien mediante presiones y chantajes– la soberanía nacional. Resulta, pues, preocupante la postura del gobierno federal al respecto. Ayer mismo, el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake, sostuvo que la respuesta de la administración federal ha sido la adecuada y rechazó que se le pueda pedir más firmeza, pero su propia declaración constituye una demostración del carácter ambiguo y titubeante de las reacciones del calderonismo: se rechaza la perspectiva de que con la guerra antinarco se profundice el injerencismo estadunidense, pero se insiste en mantener un esquema de cooperación bilateral que implica, de suyo, claudicaciones en materia de soberanía; se pide cordura al gobierno francés, pero con ello se omite demandar lo que en realidad importa: respeto a las decisiones soberanas y al principio de separación de poderes consagrado en la Constitución de nuestro país.

En el momento presente, las afirmaciones hechas por el rector de la UNAM son un llamado a rescatar el decoro, la capacidad de indignación y el elemental sentido de respeto que merecen las decisiones de poderes autónomos y la soberanía del país, y cabe felicitarse por ello. Por contraste, el que las autoridades federales no puedan o no quieran actuar en ese mismo sentido pone en relieve un extravío de la actual administración en todos los ámbitos de su quehacer y sienta un precedente lamentable e inquietante.