Una familia Navajo Desyerba cebollas mientras la mamá cosecha maíz (1948-1953).
Foto: John Collier Jr.
Bolivia
Razones y contradicciones
del gasolinazo boliviano
Rosa Rojas, La Paz, febrero. El gasolinazo de diciembre pasado —la elevación por decreto de los precios de combustibles hasta en un 83 por ciento y su derogación el último día del año— puso al gobierno boliviano, encabezado por el presidente Evo Morales Ayma, en “la situación más crítica que se ha presentado desde el 22 de enero de 2006” cuando tomó posesión, afirman no sólo opositores o analistas independientes, sino integrantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) como el ex senador Antonio Peredo Leigue.
En un artículo sobre la necesidad de reencauzar el proceso de cambio, Peredo expuso que la clave de esta crisis es que “el gobierno enfrenta reacciones de las organizaciones sociales que son o deben ser la base del proceso de cambio, un proceso que ha sufrido una caída considerable, que no podemos ocultar”. Para él, el gazolinazo “marcó el quiebre de un proceso que, durante los cinco años anteriores, avanzó con buenos resultados aunque también con fallas y deficiencias. El quiebre ha provocado un aumento en los precios de gran parte de los alimentos”.
En lo concreto, ante los aumentos de precios, las protestas contra los integrantes del gabinete económico de organizaciones sociales aliadas al gobierno, que exigían su destitución, fueron desestimadas por Morales Ayma. Tras su informe del 22 de enero, sólo cambió a las cabezas de los ministerios de Hidrocarburos, Desarrollo Productivo, y Medio Ambiente y Agua.
Con ello, las baterías se centraron en el vicepresidente García Linera, quien en ausencia de Morales (de viaje en Venezuela) promulgara el decreto del gasolinazo y se convirtiera en su acérrimo defensor. El Consejo de Ayllus y Markas del Quollasuyo (Conamaq), en voz de su dirigente, Rafael Quispe, levantó la bandera de someter al vice a un referéndum revocatorio.
En respuesta, el presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Héctor Arce, dijo que la Constitución permite dicho referéndum sólo después de transcurrida la mitad de la gestión del funcionario.
Quispe, interrogado al respecto, indicó que se está trabajando con diversas organizaciones indígenas, campesinas, magisteriales, juntas vecinales y comités cívicos como el potosino, entre otros, para lograr un consenso sobre dicho revocatorio y echar a andar el proceso legal llegado el momento.
Por otra parte, la fuerte reacción de descontento de sus bases obligó a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) a emitir un pronunciamiento rechazando la ausencia de una política de orden estructural para una solución definitiva a la actual crisis de empleo y alimentos, agravada tras el gasolinazo de diciembre y el azucarazo que elevó en 70 por ciento el precio del endulzante en enero, buscando enfrentar la escasez y especulación. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, la gente seguía haciendo largas colas en los pocos puntos de venta de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para conseguir azúcar.
La COB, encabezada por Pedro Montes, propuso al gobierno formar una comisión interinstitucional que, en 20 días, formule una política estructural para los próximos 10 años en materia económica, fiscal, productiva y de seguridad alimentaria.
Más allá del argumento de disminuir el subsidio a la gasolina y el diesel importados, que le cuesta al país 380 millones de dólares, de los cuales 150 millones se van al contrabando, el propio Morales Ayma aseveró que con los actuales 27 dólares por barril que se paga a las transnacionales que operan en Bolivia, éstas trabajan con pérdida, incluida la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y no hay incentivos para la inversión.
Para la Unión Nacional de Defensores de los Recursos Naturales de Bolivia (Unaderena) que agrupa organizaciones magisteriales, gremiales, vecinales, cívicas de Puerto Suárez, Camiri, Potosí, Oruro, La Paz y El Alto, este argumento muestra que las transnacionales petroleras continúan dictando la política en la materia, por lo que urge una “verdadera nacionalización sin indemnización” de esas empresas.
El experto Justo Zapata sostuvo que el costo de producción por barril de petróleo en Bolivia es de un dólar en promedio, y no llega a 5 dólares, según el economista Juan Carlos Zuleta, lo que invalida el argumento oficial para pagarle 59 dólares por barril a las transnacionales. Zapata elaboró una propuesta para Unaderena denominada “El 1-2-3 de una política para el desarrollo de Bolivia”.
Por su parte, Mauricio Medinacelli Monroy (ex-ministro de Hidrocarburos en la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltze, 2005-2006) sostuvo que los actuales contratos con las petroleras, resultado de la nacionalización, “no obligan explícitamente a que las empresas inviertan en exploración o explotación” porque hay una cláusula que obliga a presentar planes de producción, pero no a invertir.
Indicó que los costos de producción de las empresas en los megacampos de gas en Tarija están por debajo de un dólar, pero los campos de petróleo tienen costos promedio de unos 10 dólares el barril. Destacó que actualmente la inversión en Bolivia tiene un margen de 10 dólares y en otros países un margen de 70 dólares. “No es sólo que las empresas que operan en el país no tengan el incentivo para invertir sino que no hay otras empresas que quieran llegar a Bolivia dado que la rentabilidad de petróleo en el mundo es muy alta”, agregó.
El problema sustantivo para la inversión extranjera en el país es la inseguridad jurídica, porque no se sabe cuál será la nueva ley de hidrocarburos, y la ausencia de mercados porque las posibilidades de venta del gas natural boliviano se circunscriben solamente a la frontera del país con sus vecinos: Mato Grosso, en Brasil; el norte de Argentina, el norte de Chile, quizás Paraguay; porque en las costas de Brasil, Argentina y Chile, los proyectos de GNL están completamente consolidados, explicó Medinacelli.
De la propuesta de Unaderena de construir de un gasoducto para abastecer el mercado interno, Medinacelli comentó que los precios de venta del gas a los bolivianos son 10 veces más bajos que los precios de exportación. “Abastecer con gas natural al propio país es económicamente inviable porque muchas veces ni siquiera se cubren los costos de operación”.
El 80 por ciento de las reservas de gas están en Tarija, que recibe regalías sobre el precio de venta. Si el gas natural se exporta a Argentina, Tarija recibe regalías sobre 6 dólares y si se vende en el país, recibe regalías sobre 60 centavos.
“Aquí hay un tema regional también porque todos los que reciben regalías e impuestos de los hidrocarburos preferirían mil veces exportar este gas antes que venderlo al mercado interno”, estimó Medinacelli.
