Buenos Aires, 9 de febrero. La hora de la justicia llegó para dos jueces que colaboraron con la pasada dictadura militar (1976-1983): uno de ellos Luis Vera Candiot, quien aprobó la adopción ilegal de una bebé de 18 meses, hija de desaparecidos, y el otro, el magistrado federal Luis Miret, acusado de colaborar con policías y militares en crímenes cometidos desde 1975, bajo la llamada ley antisubversiva que precedió al proceso dictatorial.

En el caso de Candioti se trata del primer juez condenado por la apropiación, adopción ilegal y supresión de la identidad de la niña Paula Cortassa, recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Como en todos y cada uno de los históricos juicios que se realizan aquí, en los testimonios y en las pruebas logradas, reaparece en toda su dimensión el horror del terrorismo de Estado que dejó en el país unos 30 mil desaparecidos, centenares de víctimas de torturas que pasaron por los centros clandestinos de detención.

Durante los juicios contra militares y policías responsables de crímenes de lesa humanidad, comenzó a surgir la complicidad de jueces como Miret, señalado por víctimas y suspendido el año pasado por el Consejo de la Magistratura.

En el caso de la niña Paula Cortassa todo comenzó el 11 de febrero de 1977 cuando un grupo de tareas realizó un operativo sangriento en una casa de la capital de Santa Fe, donde hirieron gravemente a Blanca Zapata, la madre de Paula, quien tenía siete meses de embarazo, que murió dos meses después, y secuestraron al padre de la niña, Enrique Cortassa, militante de la organización Montoneros, hasta hoy desaparecido. Además mataron a Cristina Ruiz de Ziccardi, quien vivía en la misma casa junto a sus hijos de dos y cinco años.

El estremecedor relato de un vecino de la familia Cortassa estableció que vio cómo un policía sacaba a la niña colgando envuelta en una sábana ensangrentada y que entonces conmovido le pidió que se la dejara para limpiarla y ver si no estaba lastimada, al menos hasta que terminaran sus cosas, los papeles y eso.

Se la dejaron, pero los militares regresaron a buscarla durante la noche. De los tres niños sobrevivientes ese día, los hermanos Zicardi fueron entregados a sus abuelos 15 días después, pero Paula fue dada en adopción a una familia de una localidad cercana, que desconocía de dónde había llegado la niña, ya que el juez Vera Candiotti no averiguó nada y se limitó a entregar a Paula, que le fue remitida por el ejército, con papeles fraguados.

La justicia consideró que el juez actuó deliberadamente para ocultar la identidad de la niña, quien en 1988 fue alentada por la familia adoptiva y comenzó sus trámites para saber la verdad, lo que se logró con el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo y el Banco de Datos Genéticos.

El camarista (juez) federal Luis Miret está acusado por su actitud colaboracionista con los crímenes cometidos desde 1975 en el contexto de las leyes antisubversivas y durante la dictadura militar en la provincia de Mendoza.

Sobrevivientes señalaron a Miret durante los juicios en Mendoza y uno de ellos relató que el juez dijo a un detenido en 1975 que tenía que aguantar las sesiones de tortura, ignorado además las denuncias sobre la violación de una menor a quien mantuvo detenida en una cárcel de adultos.

Precisamente esta víctima Luz Faingold y su madre Luz Casenave son dos de las principales acusadoras de Miret. León Glowosky, quien era novio de Faingold cuando fueron detenidos, denunció ante el juez Miret cómo los policías de Mendoza habían violado a la joven y éste no hizo nada.

Denuncian amenazas contra periodista uruguayo

Militantes de un organismo de derechos humanos de uruguayos residentes en Argentina repudiaron hoy la amenaza abierta contra el periodista Roger Rodríguez por parte de un grupo de militares de Uruguay que han conformado el llamado Foro Libertad y Concordia, para reivindicar lo actuado por la pasada dictadura en ese país (1973-1985). También varios organismos locales se solidarizaron con Rodríguez después que los militares publicaron en Internet, los datos de él, de su familia y la dirección de su casa, para que la gente sepa dónde vive y dónde trabaja, de repente precisan hablar con él, como es un hombre tan inquieto, señaló con ironía el teniente coronel retirado Héctor Varela en Uruguay. Roger investiga hechos de la dictadura y caso ligados con la Operación Cóndor en su país.