Miguel Ángel Mancera Espinosa, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), consideró que la investigación sobre la responsabilidad del gerente del Bar Bar, Carlos Cázares Ocaña, El Charly, por la agresión contra el futbolista Salvador Cabañas, no se ha caído, pues la reclasificación del delito que obtuvo por tentativa de homicidio a encubrimiento por favorecimiento –debido a lo cual obtuvo su libertad bajo fianza– no desvanece las pruebas presentadas en su contra.

Por tal motivo, dijo, la investigación continúa y se buscará ampliar declaraciones de los implicados en los hechos ocurridos en el citado antro el 25 de enero de 2010. Vamos a solicitar grabaciones, y a estar muy pendientes con el desahogo de pruebas.

Entre las personas a las que se les ampliará declaración, dijo, se encuentra Francisco García Barreto, El Contador, quien afirmó que al ingresar al Bar Bar, jun- to con José Jorge Balderas Garza, El JJ, presunto agresor material, no se les revisó si traían armas y que después del disparo contra el deportista paraguayo salieron sin que nadie se lo impidiera.

Reclasificaron el delito

Mancera Espinosa justificó la consignación por tentativa de homicidio, en grado de complicidad, que formuló el Ministerio Público contra el empleado del bar, pues en ella coincidió la juez penal 33 al dictarle auto de formal prisión, aunque por orden de un juez federal de amparo tuvo que reclasificar.

De esta manera, sólo permanecen en prisión El Contador y El JJ, por tentativa de homicidio, pues además de Carlos Cázarez, los elementos de la Agencia de Seguridad Estatal del estado de México, que escoltaban a El JJ el día de los hechos, también obtuvieron un amparo para para que se les reclasificara el delito, aunque Margarito Cruz y Mariano López continúan en el Reclusorio Sur, debido a que no han pagado la multa que se les fijó, en tanto que Mario Zamarripa, quien si pagó la caución, fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República por su relación con Balderas Garza.

Por otra parte, Miguel Ángel Mancera dijo que hasta la fecha no se han encontrado elementos para acusar a Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, por cohecho en el presunto tratamiento estético que recibió dentro del penal femenil de Santa Martha Acatitla y que el único acto ilícito que se ha configurado en la investigación por estos hechos es el de ejercicio indebido del servicio público por empleados de dicho centro, quienes falsearon información para permitir la entrada a un médico externo.

Después de que Sandra Ávila se negó a declarar en calidad de testigo, el funcionario manifestó que se espera que esta semana se realice una nueva diligencia, en la estarían presentes su abogado y personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como ella solicitó.

Sin embargo, informó que La Reina del Pacífico se negó a someterse a un estudio médico para determinar si le aplicó botox y añadió que en un plazo de dos semanas se podría definir si se consigna a servidores públicos por este caso.