La Secretaría de la Función Pública (SFP) declaró inexistente el expediente de la averiguación sobre la evolución patrimonial del ex presidente Vicente Fox Quesada, tras responder a una solicitud de La Jornada que: concluida la indagatoria el 28 de enero de 2011, se dictó acuerdo de archivo (del expediente 142/2007) por falta de elementos.

El titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, declaró a este diario que la indagatoria contenía un análisis y cruce de datos de las 32 cuentas bancarias de Fox y su esposa Marta Sahagún, incluyendo las declaraciones patrimoniales que por ley presentó antes de 2000 a 2006.

A los legisladores que formaron la comisión especial para investigar el presunto enriquecimiento inexplicable de Fox, les prometió colaborar en todos los sentidos.

Vega Casillas, coordinador de la campaña presidencial de Fox en los estados de la República, siempre eludió hablar del tema, con el alegato de que podría afectar los resultados de las pesquisas, aunque a los medios de difusión aseguró que no se daría carpetazo al caso.

En los hechos, el titular de la SFP mantuvo bajo reserva la indagatoria de 2007 a 2010, y aunque en 2008 pretendió extender el periodo de la clasificación hasta 2011, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) fijó como fecha límite de la reserva abril de 2010.

La Jornada solicitó a la SFP copia de la auditoría a principios de noviembre de 2010, siete meses después de concluido el lapso de reserva. No es la primera ocasión que se demandan las auditorías que la dependencia practica a servidores públicos por presuntos actos de corrupción, y las ha entregado.

Pero en este caso usó el máximo plazo que otorga la ley de transparencia (40 días hábiles, más vacaciones y días de asueto) para, tras una prórroga, responder el martes pasado a la solicitud, un día después de concluido el término legal, el 31 de enero.

En su respuesta, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial indica que el expediente 142/2007, iniciado a Fox, se radicó en la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial y se dictó acuerdo de archivo por falta de elementos.

Según la SFP, esa dirección remitió, el 31 de enero pasado, la totalidad de los autos del expediente a la Procuraduría General de la República (PGR) para cumplir con los requerimientos del Ministerio Público de la Federación.

Supuestamente la PGR ordenó a la SFP que informe de la realización de alguna revisión inicial a las declaraciones patrimoniales, de modificación y de conclusión que el C. Vicente Fox Quesada presentó de 2000 al 2006, así como los avances o conclusiones de la investigación y, en su caso, se remitiera la documentación derivada de dicha revisión. Fue así que la dependencia determinó confirmar la inexistencia de la auditoría requerida, pese a que Vega Casillas (quien encabezó el grupo Amigos de Calderón, antes de 2006) declaró a los medios que no le temblaría la mano en el caso de Fox. A mí no, por lo menos, sostuvo en septiembre de 2007.

Una de las obligaciones que impone la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos a la SFP es rendir cuentas sobre el ejercicio de la función pública, más aún cuando ha dado por concluida una indagatoria donde no encontró elementos para querellarse ante la PGR.