En el establecimiento del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), que forma parte de los acuerdos de la COP-16, el gobierno debe respetar el derecho de consentimiento previo libre e informado, así como la consulta y acceso a la información para que se dé la participación efectiva de las comunidades y ejidos forestales, señalaron organizaciones civiles participantes en la campaña Las comunidades cuentan más.

Recordaron que durante la COP-16 de Cancún se presentó el documento Visión de México sobre REDD+, en cuya elaboración participaron instancias gubernamentales, así como organizaciones de la sociedad civil. En ella se reconocieron los derechos sobre propiedad social de la tierra, el derecho al uso sustentable de los recursos forestales y la necesidad de construir de manera amplia e incluyente la estrategia nacional de REDD+.

Sin embargo, hasta ahora se desconoce información sobre los contratos firmados con el Banco Mundial a partir de los proyectos del Programa de Inversión Forestal, destinados a proyectos piloto REDD+ en México y proyectos del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, y de los recursos acordados con el gobierno de Noruega.

La campaña está integrada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Oxfam México, Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) y la Unión Nacional de Organizaciones Autónomas-Coordinadora Nacional.

En un análisis, indicaron que la decisión sobre el establecimiento del REDD se definirá a partir de los resultados de la consulta pública a ejidatarios y comunidades, cuyo papel es fundamental, ya que son dueños de alrededor de 70 por ciento de los terrenos forestales en México.

Se promoverá la participación de representantes de comunidades y ejidos en los espacios de toma de decisión, señaló Gustavo Sánchez, de la Red Mocaf.