La situación de las mujeres indígenas que se encuentran presas en México es preocupante, toda vez que no cuentan con una defensa apropiada, carecen de recursos económicos y no tienen acceso a traductores, aunado al abandono general de las prisiones en el país, señaló en entrevista Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Un estudio realizado por la especialista, el cual forma parte de la compilación titulada Crimen, castigo y violencias en México (coeditada por el CIESAS y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), reveló una serie de irregularidades en los casos de mujeres indígenas encarceladas, las cuales van desde tortura al momento de la detención hasta deficiencias en el juicio, “pasando por la actuación indebida de abogados o las presiones que sufrieron para ‘confesar’ sus delitos o firmar declaraciones que no hicieron”.

Si bien la investigación se realizó en la década de los noventa, para la investigadora los avances en la materia han sido mínimos, pues sigue habiendo mujeres y hombres indígenas en circunstancias realmente lamentables porque son una población mucho más vulnerable y las instancias encargadas de esa población tienen un papel cada vez más reducido y, por lo tanto, no logran hacer una defensa adecuada de todos los indígenas que están en prisión.

Azaola afirmó que las circunstancias de desigualdad y abandono en que se encuentra la población indígena interna en los penales del país es uno de los temas que nadie ha tomado en sus manos y que la deja en una situación de indefensión.

La investigación determinó que es frecuente que las mujeres indígenas sean juzgadas conforme a normas que no conocen y en una lengua que no es la suya, sin que sea suficiente haber tenido acceso a un traductor, ya que ello no garantiza que comprendan las normas por las que se rige el procedimiento al que se las sujeta ni las consecuencias jurídicas de sus actos.

Además, a menudo son víctimas de tortura, abusos y malos tratos de los policías que las detienen para que acepten su responsabilidad penal.

Asimismo, los testimonios recogidos por la investigadora dan cuenta de que las indígenas sometidas a proceso muchas veces señalan que no han tenido contacto ni conocen al abogado que condujo su defensa ni al juez que les dictó sentencia.

Por otro lado, una vez que el proceso ha terminado, las mujeres son remitidas a cárceles ubicadas lejos de su lugar de origen a cumplir su sentencia, lo que, aunado a la precaria situación económica de sus familias que les impide visitarlas, ocasionan un estado de incomunicación.

En ese tenor, dice el texto, a pesar de que las normas penales tienen el propósito de favorecer la readaptación de las internas, resulta evidente que no es posible readaptar a una persona cuando ésta se encuentra lejos de su familia, de su medio ambiente, de su lengua y de sus costumbres.