a que se animó a fiscalizar las prácticas de outsourcing para detectar potenciales evasores del fisco, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe meter el acelerador a fondo e ir mucho más allá de los 33 grandes contribuyentes que dice haber cachado en estas prácticas, porque de acuerdo con la información oficial disponible resulta dudoso que tales evasores se concentren en los ramos hotelero, de restaurantes, clubes deportivos y distribuidoras automotrices, como lo informó días atrás el titular de dicho organismo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Enfocar las baterías contra esos sectores y presentar los eventuales resultados como un “triunfo de la permanente fiscalización que realiza el SAT, huele más a un simple ejercicio de cobertura mediática que a una acción derivada de una política bien estructurada y decidida para combatir de raíz la voluminosa evasión tributaria de no pocas empresas, especialmente las grandes. De entrada, como se apuntó ayer en este espacio, totalmente fuera de tal fiscalización habría quedado el sacrosanto sector bancario, uno de los que en mayor medida recurren a la práctica del outsourcing para ni de lejos ver al fisco (el mercado bursátil, es otro de sus paraísos) y los alrededor de 60 mil trabajadores bancarios contratados por dicho mecanismo.

Algunos funcionarios del SAT estiman en alrededor de 300 mil los trabajadores que, contratados mediante el citado mecanismo evasor, resultan afectados en su ingreso y en sus prestaciones de ley (algo que por lo visto a la Secretaría del Trabajo y al pianista le han pasado de noche, por no decir que lo han permitido sin mayor miramiento), independientemente del efecto negativo para el erario. Pues bien, las propias cifras oficiales documentan una cantidad alrededor de 10 veces mayor, cuando menos, a la reconocida por esos funcionarios fiscalizadores, amén de que ellas mismas certifican el peligroso cuan sostenido crecimiento del outsourcing en prácticamente en todos los sectores económicos del país.

De acuerdo con el Inegi, en 2008 (la estadística más fresca para este tema) de poco más de 20 millones de trabajadores considerados en su análisis, alrededor del 15 por ciento (casi 3 millones) fue catalogado como personal subcontratado por las empresas (trabajaban en ellas, pero sus ingresos los cubría una empresa distinta y sus derechos labores quién sabe, al igual que las obligaciones tributarias), un incremento de prácticamente ciento por ciento en comparación con 2004. Ese universo se distribuyó en el comercio; industria de manufacturas; transportes, correos y almacenamiento; construcción; servicios financieros y de seguros; electricidad, agua y gas; pesca y acuicultura; minería; información en medios masivos; servicios inmobiliarios y de alquiler; servicios profesionales, científicos y técnicos; corporativos; apoyo a los negocios y manejo de desechos; servicios educativos; servicios de salud y de asistencia social; servicios de esparcimiento; servicios de alojamiento y preparación de alimentos, entre otros.

Como se constata, la evasión al fisco por medio del outsourcing difícilmente se limitaría a los 20 mil millones detectados por el SAT, y mucho menos a los ramos hotelero, de restaurantes, clubes deportivos y distribuidoras automotrices (Gutiérrez Ortiz Mena dixit), como tampoco son alrededor de 300 mil los trabajadores afectados. De acuerdo con el Inegi, de los casi 3 millones de trabajadores subcontratados que se citan líneas arriba, los que prestaban sus servicios en el sector comercio representaron el 31.8 por ciento del total; el 24.4 por ciento se desempeñaba en las industrias manufactureras y el 27.3 por ciento en los distintos servicios que se refieren en el párrafo anterior, sin olvidar que el sector financiero (banca, aseguradoras, casas de bolsa y conexos) es especialista en esta práctica.

Valga como botana la siguiente información contenida en el informe anual 2009 del Grupo Financiero Inbursa: “la única subsidiaria consolidada (del corporativo) que cuenta con personal propio es Outsourcing Inburnet, la cual, por el año terminado el 31 de diciembre de 2009, generó una participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) por 2 pesos…”.

Toda vez que el crecimiento del outsourcing en el país es más que acelerado, nada raro sería que a estas alturas el número de subcontratados por este mecanismo evasor y violador de la Ley Federal del Trabajo supere, probablemente con creces, los 4 millones, que distarían mucho de los cerca de 300 mil estimados por los fiscalizadores del SAT. Por lo demás, todo indica que la autoridad laboral está muy ocupada en cosas más importantes que las que por ley debe atender,

A finales de 2006, México SA recibió la siguiente denuncia: “hago del conocimiento público una discreta diligencia interior de cambio de razón social en el banco más grande del país (BBVA-Bancomer). Soy empleado del mismo y recientemente nos han ido informando por pequeños grupos que dicha acción ‘forma parte de la restructuración estratégica y administrativa del grupo y le garantiza a usted y a todos los que colaboramos con el mismo, seguridad, permanencia y un trato más homogéneo y justo’. A partir de enero de 2007 ya no seremos Grupo Financiero BBVA-Bancomer. Ahora seremos BBVA-Bancomer Operadora, es decir un outsourcing, maquiladora o como se le quiera ver. Se nos insiste en que esta nueva relación de trabajo no nos afectará en lo mínimo, ni en nuestras prestaciones, antigüedad, puesto o salario, es decir, es transparente; es más, hasta podremos participar en un nuevo esquema de retribución variable (un bono de acuerdo con el desempeño). Esto último seguramente para no hacer ruido. Lo relevante del caso es que se da precisamente cuando la empresa ya cumplió cinco años con la misma razón social y debe cumplir con la obligación del reparto de utilidades, las cuales son millonarias y en crecimiento. Sólo para darnos una idea: la contribución de ingresos del grupo a nivel local representa 40 por ciento del total a nivel mundial. Ésta es una muestra más de la protección que se les da a las grandes empresas a costa de los trabajadores, sin que autoridad alguna salga en su defensa; por el contrario, se hacen de la vista gorda” (nos reservamos el nombre del denunciante).

En 2007, unos cuantos empleados del banco fueron traspasados al nuevo trato laboral; hoy, ciento por ciento del personal que labora en el BBVA-Bancomer (salvo el director general) está subcontratado.

Las rebanadas del pastel

¿Y la Secretaría del Trabajo? Siempre atenta… a la grilla electoral.

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