todo lo que ha perdido el mundo del trabajo en México desde Miguel de la Madrid (1982) hasta Felipe Calderón (2010) hay que agregar, ahora, el asalto para deprimir el nivel pensionario de los trabajadores activos y, sobre todo, los de nuevo ingreso.

A la reforma Zedillo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para los que laboran en el apartado A (1997) siguió la de Calderón al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para los del apartado B (2007). Prosiguieron la individualización de cuentas para el retiro de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y el IMSS (2008) y, durante 2010, los nuevos contratos colectivos de los trabajadores de la aviación que modifican severamente sus pensiones, en especial a los de reciente ingreso.

Ninguna de ellas ha mejorado el horizonte pensionario de quienes fueron contratados antes de su imposición. La pensión de los jubilados en el apartado A suma, si acaso, 38 por ciento respecto de su nivel medio de ingreso. Aunque ciertamente todas han comprometido el futuro pensionario de los jóvenes con pensiones que hoy quedan bajo su entera responsabilidad.

Diseñadas con urgencia, esas reformas exhiben ambigüedades, vacios y complejidades legales resultantes de una precipitada aprobación parlamentaria que favorece la confusión de los derechohabientes y el consecuente dictado de jurisprudencias que no alivian la calidad de su hechura legal, pero potencian la desconfianza sobre los institutos de seguridad social.

Las reformas tecnocráticas siguen hinchando las bolsas de los administradores de los –cada vez más– cuantiosos recursos para el retiro, sin mejorar el rendimiento neto y la seguridad de los dueños de esos fondos.

Además, la situación de las finanzas públicas ha empeorado por el crecimiento de las pensiones en curso de pago. Apenas el pasado mes de agosto la movilización social forzó a que Calderón suspendiera –por motivos básicamente electorales– la imprudente jurisprudencia 85-2010, que vergonzosamente gestionó desde la SCJN el ministro Sergio Valls Hernández, coincidiendo curiosamente con la visión de la Secretaría de Hacienda (José Antonio González Anaya).

Pero las cuentas no mejoran. Esa reforma al ISSSTE que tanto se vendió como un alivio sobre las finanzas públicas viene operando justamente en sentido contrario. El gasto en pensiones se duplicó en los recientes 10 años ejerciendo mayor presión en esas finanzas públicas.

Cuarenta y cinco meses después de la entrada en vigor de la reforma Calderón al ISSSTE, la Secretaría de Hacienda erogó 10 mil 500 millones de pesos para cubrir las pensiones en curso de 810 mil jubilados y su presupuesto seguirá al alza en los siguientes años, en un entorno económico poco optimista marcado por el débil crecimiento, el incremento de la informalidad y el desplome de las coberturas efectivas de la seguridad social.

El año 2011 es en el que –según señala la nueva ley en su artículo 14 y cuadragésimo sexto transitorio– la junta directiva deberá revisarla estableciendo la viabilidad futura del instituto.

También será el momento en que la Afore Pensionissste –creada el 12 de marzo de 2008– cumplirá tres años de administrar los fondos de los trabajadores al servicio del Estado y, vencido el plazo al 12 de marzo de 2011, deberá someter a la decisión voluntaria de sus aforados si se mantienen en ella o migran a otra Afore.

La reforma calderonista nunca buscó mejorar a fondo la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado y su cuadro de prestaciones, seguros y servicios; a reformar de raíz el asunto público en beneficio de sus titulares. De haber sido ese el propósito, el incremento en la cotización debió haber sido sensiblemente superior al raquítico 2.65 por ciento actual, aplicable gradualmente hasta 2012. También debieron haberse previsto ajustes profundos en las vías con que se otorgan las prestaciones. Por eso están como están hoy los servicios institucionales. El asunto público se presenta hoy peor que antes de la reforma de Calderón.

Como ya sucedió antes con la reforma Zedillo al IMSS, sólo tres años después, el Seguro de Salud de la nueva Ley del ISSSTE ya arrastra tal déficit que, según el Informe Financiero y Actuarial 2010 (IFA-10), sus recursos serán insuficientes para cubrir los gastos en el mediano y largo plazos en cada una de sus vertientes. Y ello, a pesar de los 8 mil millones de pesos que le trajo sólo a ese seguro la reforma de Calderón y que Yunes consumió por entero antes de buscar sin éxito la gubernatura de Veracruz.

El IFA-10 responsabiliza del déficit a los 600 mil trabajadores –con una edad promedio de 64 años– que se jubilaron antes de la reforma y cuyos tratamientos crónicos son muy costosos. Este pasivo heredado, sostiene, impactó al Seguro de Salud y se prevé que siga operando con déficit hasta la extinción del grupo, lo que ocurrirá en 2070.

Como si los jubilados no hubieran cotizado justo para recibir debidamente esa atención y como si los tecnócratas de Calderón que diseñaron la reforma (José Antonio González Anaya) no hubieran previsto esta anomalía hasta tres años después de la imposición de la reforma.

Y es que, la meta de Calderón –como antes el de Zedillo y Fox–, fue sólo el de hacerse con el uso de los cuantiosos recursos pensionarios administrados ahora en Pensionissste.

¿Cuándo, cómo y dónde se iniciará el urgente debate nacional para reformar –junto con la del IMSS de Zedillo– esa fracasada reforma de Calderón?

*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco