La oficial mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Lourdes Cedillo Rivas, presentó su renuncia con carácter de irrevocable ante la Comisión de Gobierno, luego de ser notificada por la Contraloría General de que se le impuso una amonestación pública, por omisiones detectadas en la compra de muebles y equipo para oficinas.

Cedillo Rivas manifestó que no comparte las conclusiones de las indagatorias que realizó el órgano fiscalizador, a partir de una denuncia presentada por los diputados del PAN, Lía Limón y Mauricio Tabe, a quienes –adelantó–, demandará por daño moral y los perjuicios que han causado a su persona.

La servidora pública dirigió dos cartas, fechadas el 3 de febrero, a la presidenta de la Comisión de Gobierno, Alejandra Barrales. En una de ellas presenta su renuncia y en la otra hace manifiesta su inconformidad por la resolución emitida por la Contraloría General de la Asamblea Legislativa.

En el documento, enfatizó que no acepta la existencia de alguna responsabilidad de su parte, por lo que al considerar que se trastocaron sus garantías, se reserva el derecho de proceder legalmente en los plazos correspondientes.

Cedillo Rivas solicitó una licencia por 30 días hábiles el pasado 23 de noviembre, la que amplió por el mismo periodo el pasado 13 de enero.

Después de poco más de tres meses de investigación, la Contraloría General resolvió que en el proceso de adquisición de los muebles no hubo sobreprecios ni lucro, como denunciaron los panistas, sino sólo omisiones menores a la normatividad por parte de cuatro funcionarios implicados, por lo que sólo procede una amonestación pública.

Además de la oficial mayor, fueron sancionados los directores generales de Administración, Javier Marín; de Adquisiciones, Tomás Tirso, y de Servicios, Mario Hernández.

Piden mayor sanción

La sanción impuesta fue criticada por los diputados Lía Limón y Mauricio Tabe, quienes calificaron la resolución como una burla, y aseguraron que analizan acudir a una instancia judicial, ya que, a su juicio, el daño amerita una inhabilitación de 10 a 20 años o una multa económica.

Antes de recibir la renuncia de la oficial mayor, la presidenta de la Comisión de Gobierno, Alejandra Barrales, subrayó que hay una diferencia importante entre haber omitido o faltar a alguna parte de un proceso a hechos de corrupción.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor, Leonel Luna, apuntó que la contraloría resolvió apegada a las normas y procedimientos jurídicos vigentes en el DF.

Manifestó que la resolución detalla cada uno de los argumentos jurídicos por los cuales no procede una sanción mayor a los funcionarios implicados, entre ellos, que en materia de precios se cumplió con la normatividad y que la empresa Proyecto Digital tiene como giro mercantil el comercio de equipos digitales.