México es uno de los países donde las defensoras de derechos humanos están expuestas a mayores riesgos, en particular las que combaten prácticas relativas a la impunidad, el acceso a la justicia, las garantías laborales y de las comunidades indígenas; además, se ubicó como la segunda nación latinoamericana por número de amenazas de muerte lanzadas contra las activistas entre 2004 y 2009.

Así lo reveló el primer informe de Margaret Sekaggya, relatora especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), dedicado a las condiciones de peligro que enfrentan quienes se dedican a la promoción de las garantías individuales de las mujeres y las cuestiones de género, así como sus parejas y familiares.

El documento advierte que pese al reconocimiento jurídico de la legitimidad de su labor, las defensoras se siguen enfrentando a graves problemas, en proporción aún mayor que sus colegas varones.

Lo anterior se debe a que se considera que las defensoras cuestionan normas socioculturales, tradiciones, percepciones y estereotipos aceptados acerca de la femineidad, la orientación sexual, el papel y la condición de la mujer en la sociedad.

Uno de los aspectos en los que México fue destacado en particular fue el de las amenazas contra las activistas dedicadas a temas sobre impunidad y acceso a la justicia, por ejemplo, las abogadas que defienden a víctimas de violaciones a los derechos humanos que buscan algún tipo de reparación, con al menos nueve casos registrados entre 2004 y 2009.

En el mismo periodo, la ACNUDH envió 40 advertencias sobre agresiones a promotoras de los derechos de comunidades indígenas, la gran mayoría ocurridas en países de América Latina, entre ellos México, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Guatemala.

De igual forma, en ese lustro hubo 292 amenazas de muerte contra activistas, la mitad de las cuales tuvo lugar en la región latinoamericana. México ocupó el segundo lugar en la lista con 27 quejas, sólo por abajo de Colombia, con 45.

Según el documento, en el país se registraron al menos dos tentativas de homicidio.

En el informe, la relatora apremió a que el gobierno mexicano diseñe un esquema de protección para los defensores de derechos humanos, aunque manifestó sus dudas sobre si este mecanismo tendrá en cuenta las necesidades especiales de seguridad y protección de quienes se dedican defender las cuestiones de género.

La relatora especial de Naciones Unidas recomienda que los gobiernos reconozcan públicamente la importancia del trabajo de quienes se dedican a defender los derechos de las mujeres, protejan a los activistas en su labor, se aseguren de investigar y castigar las eventuales agresiones, y capaciten en perspectiva de género al personal que se ocupe de casos de violencia sexual.

Javier Hernández Valencia, representante en México de la oficina del ACNUDH, señaló en entrevista telefónica que esta situación de vulnerabilidad sufrida por las activistas de derechos humanos quedó de manifiesto con el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, en Chihuahua.