El juez noveno de distrito de procesos penales federales resolvió suspender en forma definitiva la orden de aprehensión contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia por el supuesto delito de lavado de dinero. Así, el dirigente y otros cinco trabajadores quedan exonerados definitivamente de esta acusación, según el sindicato.

Con base en la resolución dada a conocer ayer, se desactiva la acusación de lavado de dinero, se espera la terminación total del asunto y la liberación de Juan Linares Montúfar, presidente del consejo general de vigilancia y justicia, así como el regreso a México del secretario general, Napoleón Gómez Urrutia, señaló ayer el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.

El gremio indicó que en la resolución queda confirmado que los recursos del Fideicomiso Minero son propiedad del sindicato y se desecha en definitiva que sobre dichos recursos tengan derecho quienes promovieron el juicio: Elías Morales, Martín Perales y Miguel Castilleja.

Los abogados de la organización señalaron que con estas resoluciones se allana el camino para concluir la única acusación pendiente por un supuesto delito bancario. Ello, ya que la acusación de lavado de dinero se construyó malamente a partir de la errónea premisa de que los recursos del fideicomiso no eran del sindicato; lo que ahora queda claro es que sí son propiedad total y exclusiva del organismo sindical.

Según explicó, de las ocho órdenes de aprehensión que había contra el dirigente, a la fecha se logró cancelar siete en forma contundente y definitiva. La única pendiente está por resolverse e incluso existe sentencia de amparo, que está sujeta únicamente al recurso de revisión, el cual conocen actualmente los magistrados del cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito.

El abogado de esta organización, Marco del Toro, planteó que han ganado siete acusaciones, las cuales habían motivado órdenes de aprehensión inconstitucionales. Ahora procede concluir el asunto en definitiva y demostrarle a propios y extraños que la única realidad es que se ha cometido un mal uso del poder público, con abuso notorio, para lo que se valieron indebidamente de los mecanismos penales en perjuicio de personas inocentes; todo para privilegiar intereses de empresas antisindicales perfectamente identificadas, como Grupo México, de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco.