yer, al dar una conferencia en la Universidad de Texas en El Paso, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, advirtió que, si los cárteles de la droga que operan en México trasladan su violencia a territorio estadunidense, afrontarán una reacción aplastante del gobierno de Washington. A renglón seguido, la funcionaria negó que la zona fronteriza con el país esté fuera de control a causa de la violencia, y para sustentar su dicho citó datos sobre la reducción en las detenciones de migrantes indocumentados y el aumento en las incautaciones de dinero ilegal y armas.

Preferible a las amenazas formuladas por Napolitano a los cárteles mexicanos –que son contrarias a la mesura y la contención que debieran privar en los pronunciamientos de cualquier gobierno– sería la puesta en marcha, por la administración de Washington, de acciones concretas para perseguir y desmantelar a las organizaciones delictivas que trafican con narcóticos en aquel país; para reducir la insaciable demanda de estupefacientes ilícitos en territorio estadunidense o, cuando menos, para mermar el tráfico de armas, dinero y precursores químicos a México, que son el combustible principal de los grupos a los que hace alusión Napolitano. Pero mientras la normalidad social, política e institucional de México se ven severamente alteradas como resultado del accionar de los grupos delictivos, en las ciudades estadunidenses –no sólo en las fronterizas– se desarrollan con normalidad el tráfico, la distribución y el consumo de narcóticos, sin que aquel país se vea asolado por balaceras, ejecuciones o levantones relacionados con el narco.

La inconsecuencia entre los dichos y las acciones de las autoridades de Washington en materia de combate al narcotráfico obliga a recordar que el empeño central de ese gobierno en décadas recientes no ha pasado tanto por atender las causas originarias de ese fenómeno –entre ellas la corrupción que priva en las esferas institucionales– cuanto en trasladar fuera de las fronteras estadunidenses las acciones destinadas a erradicarlo, mediante políticas de corte injerencista y con la ayuda de gobiernos nacionales claudicantes.

Ante estas consideraciones, la súbita preocupación por que se reproduzcan en las urbes estadunidenses escenarios de violencia como los que tienen lugar en las localidades mexicanas adquiere tonos inequívocos de cinismo y doble moral.  

Por lo demás, que la funcionaria cite datos sobre detenciones fronterizas e incautaciones de drogas y armamento como ejemplos de estrategia exitosa por controlar la frontera común exhibe, de nuevo, una visión distorsionada de la clase política de Washington, la cual consiste en colocar en el mismo grado de peligrosidad la inmigración indocumentada y el narcotráfico, por más que las acciones emprendidas para combatir uno y otro fenómenos sean dispares y hasta opuestas: mientras la Casa Blanca destina cuantiosas inversiones para perseguir a los extranjeros –mexicanos, en primer lugar– que carecen de documentos migratorios, en materia de combate al narcotráfico su labor ha sido más que indolente.