La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) evalúa interponer juicios de nulidad contra resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), para eludir hacer público un oficio donde un ex funcionario de esa entidad dio la voz de alarma a Desarrollos Punta La Paz, con la finalidad de evitar la difusión de las actas de inspección por el desarrollo de una marina de uso particular en terrenos federales de Baja California Sur.

En caso de acudir al proceso judicial, la Profepa se sumaría a las acciones emprendidas por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las cuales se han amparado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) para esquivar la difusión de averiguaciones concluidas –ordenada por el Ifai, entre ellas, la desaparición forzada de Rosendo Radilla, de la violación a la indígena Ernestina Ascensio y de la ex jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles– así como los nombres de los beneficiarios con la cancelación de créditos fiscales por un monto de 74 mil millones de pesos.

Lo anterior fue revelado a La Jornada por fuentes que estuvieron presentes en el cónclave convocado por funcionarios de la Profepa, el pasado 6 de diciembre, con el fin de evaluar ese tema, las denuncias que al respecto hizo el Ifai –por conducto de declaraciones de la comisionada María Marván– y otros asuntos relacionados con la transparencia y el acceso a la información.

El encuentro se celebró a las 13 horas del día referido, en la sala Montes Azules, ubicada en el cuarto piso del ala norte de las oficinas centrales de la Profepa.

Asistieron la directora de evaluación de proyectos, Verónica Procell Maraver, quien convocó a la reunión; Javier Rojas Anaya, secretario privado del titular de la Profepa; Carlos Ponce, director general de Administración; Elvira Yáñez, encargada de la Unidad de Enlace; Manuel Tirado, titular del órgano interno de control de la Profepa (depende de la Secretaría de la Función Pública); Guadalupe Arminda Coronel, de la dirección de denuncias ambientales, quejas y participación social, entre otros.

En la reunión, encabezada por Arminda, Procell habló de la problemática generada a partir de la denuncia que hizo el Ifai, respecto del oficio enviado por el ex funcionario de la Profepa José Ramiro Rubi, a la empresa, para evitar la entrega de siete actas de inspección realizadas a partir de 2004 en un proyecto de marina particular, en el Mogote, bahía de La Paz.

Aun cuando Ponce pidió a los asistentes: Díganles a sus jefes (buena parte de los presentes son de nivel operativo) que por lo menos contesten a tiempo; que entreguen la información y den respuesta a las solicitudes, Procell dijo que era posible promover juicios de nulidad ante el TFJFA, aun cuando éste no tiene competencia para promover querellas impulsadas por autoridades, sino sólo de particulares contra autoridades.

Yáñez, por su lado, propuso hacer asequible al ciudadano de a pie una transparencia focalizada y notificar a la SFP que no existe información que por ley la Profepa no haya subido a su portal. Durante la reunión, que duró 20 minutos, se acordó enviar un listado de temas a difundirlos en el portal, para el visto bueno de la secretaría.