n el sexto día de movilizaciones en Egipto contra la dictadura de Hosni Mubarak, los manifestantes volvieron a desafiar masivamente el toque de queda impuesto por el todavía presidente, quien el fin de semana jugó las que, a ojos vistas, son sus últimas cartas para aferrarse al poder: por un lado, ordenó al nuevo primer ministro, Ahmad Shafiq, dialogar con la oposición y emprender reformas que ayuden a reactivar la economía; por el otro, instruyó el regreso a los cuarteles de la repudiada policía antimotines –la principal fuerza represora en los 30 años que lleva en el poder–, y puso en su lugar al ejército, en un intento infructuoso por contener las manifestaciones.

Mientras tanto, Estados Unidos demandó ayer mismo una transición pacífica y ordenada en la nación norafricana y se pronunció por la necesidad de un gobierno receptivo a las necesidades de la población. Pero esos llamados colisionan con las muestras de apoyo tácito del propio gobierno de Washington al de El Cairo, y con el hecho mismo de que se pida completar la transición a un régimen que, a juzgar por las muestras de repudio popular, está acabado y es insostenible. La respuesta a esa aparente contradicción se revela en la preocupación expresada ayer por la secretaria de Estado estadunidense, Hilary Clinton, sobre las implicaciones que la eventual caída de Mubarak pudieran tener sobre los intereses geopolíticos de Washington: Queremos ver una transición ordenada, de forma que nadie aproveche para llenar un vacío, que no exista un vacío.

A estas alturas es meridianamente claro que el movimiento social que se ha configurado en Egipto trasciende, y por mucho, el ámbito de influencia de la Hermandad Musulmana, partido ortodoxo islámico que había sido presentado por Mubarak como el impulsor y responsable de las manifestaciones y que constituye uno de los principales componentes de la preocupación expresada por Clinton. Por el contrario, la amplitud y diversidad que ha podido apreciarse en las movilizaciones –en las que ciertamente han participado los seguidores de la hermandad, pero también muchos sectores laicos de la sociedad egipcia y, sobre todo, millares de jóvenes– es una muestra de que el verdadero protagonista de este episodio es el pueblo egipcio, el cual ha dado muestras admirables de resistencia a pesar de las acciones represivas del régimen de El Cairo y ha demostrado una vasta capacidad de movilización y organización más allá de liderazgos y de diferencias. El detonador central de estas expresiones también está a la vista: un profundo hartazgo social hacia gobiernos tiránicos y violatorios de las garantías de la gente, y hacia los efectos nefastos de la globalización económica: pobreza y desigualdad social, carestía y falta de empleo en un país mayoritariamente joven –60 por ciento de su gente es menor de 30 años–, y donde casi la mitad de la población sobrevive con menos de dos dólares al día.

Con estas consideraciones en mente, y ante la multiplicación de revueltas como las ocurridas en Túnez y en Egipto en otras latitudes del mundo árabe, la postura ambigua de Washington resulta tan insostenible como las estructuras poscoloniales y los regímenes opresores contra los que se han alzado los pueblos en la región. Si la Casa Blanca se empeña en respaldar un régimen autocrático en Egipto –esté o no encabezado por Mubarak– y aun si incentiva una transición que resulte, a los ojos de las masas egipcias, un ejercicio de simulación, estará impulsando la multiplicación de los ánimos antiestadunidenses en ese país y en otros, y alimentará, en forma indeseable, la explosividad en la región.