General Terán, NL, 28 de enero. Como todos los días, José se levantó a las cinco de la mañana para irse a la pisca de naranja. Se tomó un café. Besó a su esposa y a sus cuatro hijos que aún dormían. Estaba oscuro. Apenas caminó unos metros le sorprendió ver bultos tirados a la orilla de la carretera. Se acercó al lugar y quedó horrorizado: eran piernas, brazos y dorsos humanos esparcidos. Volteó desconcertado intentando pedir ayuda, pero vio una cabeza sobre un coche que tenía un un letrero: Esto les va a pasar a todos los que se metan. Corrió instintivamente de vuelta a su casa. Entró vomitando. Apenas pudo tomó el teléfono y habló a la policía.

Nadie le contestó. Este municipio se quedó sin policía. Los 30 elementos que componían la corporación renunciaron. La comandancia había sido atacada con granadas y cientos de balas de cuerno de chivo en tres ocasiones. El lunes 24 de enero, dos policías fueron convencidos para regresar a trabajar. Bernardino Rodríguez Franco, de 47 años de edad, y David Serna Navarro, de 30, estaban en la oficina realizando labores administrativas cuando un grupo de hombres encapuchados llegó y los secuestró. Dos días después, sus cuerpos destazados, junto a otro hombre aún no identificado, fueron tirados en el kilómetro 12 a la entrada de este pueblo, casi frente a la casa de José.

Fue horrible. Nunca habíamos visto una cosa así. No quieren que haya policías. Se quieren adueñar del pueblo a como dé lugar, dice su esposa, que vende naranjas y mandarinas a la orilla de la carretera donde aún están la cintas amarillas de Prohibido el paso colocadas por los soldados para acordonar la zona.

Los enfrentamientos entre Los Zetas y el cártel del Golfo por el control de la plaza han dejado un reguero de sangre en la próspera región citrícola de Nuevo León, compuesta por este municipio, Allende, Hualahuises, Linares, Montemorelos y Rayones.

El 17 de enero, cinco cuerpos mutilados y decapitados fueron tirados en las calles del municipio de Montemorelos, ubicado a 80 kilómetros al sur de Monterrey.

El cártel del Golfo ha dejado mensajes amenazantes advirtiendo que está haciendo una limpia de integrantes del grupo cuyo nombre es la última letra del abecedario. Durante los primeros 27 días de este año, un total de 18 policías han sido asesinados en Nuevo León.

En la mira

La comandancia de General Terán luce desierta, con las huellas de los granadazos y las paredes perforadas por las balas. Los vidrios están rotos y las puertas abiertas. Apenas hay mobiliario. Los cortinas color guinda de una oficina contigua tienen los agujeros de los tiros. No hay gente.

En el palacio municipal atacado con una granada hace unos días, el alcalde, Ramón Villagómez Guerrero, no está; tampoco su secretario particular. Han resanado las paredes del edificio para borrar las huellas de la violencia. Son las dos de la tarde y el personal administrativo ha salido a comer avisando que no volverá. Las clases de enseñanza básica, media y superior están suspendidas.

“Nosotros le decimos a la gente: ‘tomen sus precauciones.’ Hay una sicosis tremenda. En realidad sólo se le disparó a la presidencia y aventaron una granada, sin heridos, pero el pueblito está asustado. Eso sí, hay pánico en las escuelas. Hoy no hubo clases. Cada quien toma su decisión. Y recogen a sus criaturas. Es normal. Si es el cártel del Golfo u otro, no estoy enterada, ni tampoco sé quiénes o qué”, dice María Dolores Cavazos García, oficial mayor del ayuntamiento.

Las dos plazas lucen vacías, apenas una o dos personas caminan por ahí. No hay toque de queda, insisten las autoridades, pero la gente se retira desde temprano a sus casas. Lo que hay es mucho miedo, dice José Luis Salazar, dependiente de una tienda de chicharrones ubicada frente a la plaza principal.

“Anoche nos asaltaron en la gasolinera donde trabajo. Llegaron cuatro camionetas con 12 o 15 pelados con metralleta, todos encapuchados. Me pidieron el dinero de la caja. De las 9 de la noche a las 4 de la mañana hago 100 pesos. No hay gente que cargue a esas horas. Antes de irse, uno me dijo: ‘Somos del CdeG (cártel del Golfo), venimos a limpiar General Terán’. Quién sabe si serían. Lo que sí, es que fueron muy educados, ni una mala palabra, ni nada”.

Los robos han aumentado. Dos carnicerías ya fueron saqueadas. Depósitos de cerveza y cantinas están cerrados. El cobro de piso o extorsión ha perjudicado seriamente al comercio en general: “Aquí estaba lleno de zetas” ,dice don Rafael, de 78 años, habitante del lugar.

Está sentado en las escaleras del quiosco de la plaza, al lado de su bicicleta; tiene las manos muy arrugadas y llenas de callos. Usa sombrero norteño, tiene barba de varios días sin afeitar y le faltan algunos dientes. Durante toda su vida se ha dedicado a piscar naranja. Cuenta que desde que inició el año ya no se reúne con sus ocho amigos jubilados, por miedo a “las matazones. Todavía quedan algunos zetas, nomás que ahorita están escondidos porque ya vinieron los del CdeG. ¿Por qué cree que todos los policías corrieron? Renunciaron porque estaban con Los Zetas, andaban metidos en la misma banda. El alcalde desde que se sentó ya no se paró. No asiste. Nunca está en la presidencia. Tiene miedo porque se lo quieren chingar. Lo traen en lista los otros. Aquí no hay ley, no hay policía, aquí lo único que hay es pura matazón. Y puros cabrones robando.

“¿Ya fue a ver a los descuartizados? Les mocharon la cabeza, los hicieron pedazos. Tuvieron que echarlos en bolsas. Dos eran policías. Andaban metidos con Los Zetas. Todos estaban metidos. Andaban metidos en lo mero grueso. El sueldo es poco, pero Los Zetas les pagaban bien. Nomás que ahora ya llegaron los otros y traen lista.”

Don Rafael tiene 18 años de ser juez de barrio. Tuvo tres esposas y 16 hijos. La primera nomás lo dejó, la segunda se fue con otro y la tercera se murió. Dice que la última vez que vio al alcalde fue hace meses caminando por la calle y le recomendó que usara pistola: “Le dije que necesitaba traer una buena pistola, pa’que le disparara al cabrón que lo embistiera. ¿Y sabe qué me dijo? Que ellos no podían traer arma. ¡Pos qué chingaos! ¿Por qué no? Los otros traen ametralladoras. El alcalde es el que manda, ¿no? Entons, ¿quién chingaos manda aquí? Estamos mal. Nomás pasan las camionetonas con ellos. Nos va a llevar la chingada a todos.”

Castigo ejemplar

Las zonas rurales se han convertido en campo de batalla entre el cártel del Golfo y Los Zetas, especialmente la llamada frontera chica entre Tamaulipas y Nuevo León. Los municipios cerca de la franja de Reynosa a Nuevo Laredo han experimentado mayor incremento de violencia.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 15 municipios del norte y nororiente de Nuevo León han perdido hasta 44 por ciento de su población. El éxodo se está dando particularmente en Anáhuac, Agualeguas, Los Aldamas, Cerralvo, China, Doctor Coss, General Bravo, General Treviño, Los Herreras, Los Ramones, Melchor Ocampo, Parás, Vallecillo, Villaldama y General Terán.

Este municipio está ubicado en medio de las batallas. Al norte colinda con Los Ramones y al este con China, ambos azotados duramente por la violencia. Al sur tiene frontera con Tamaulipas y limita con Linares y Montemorelos, dos localidades donde el crimen organizado ha desatado una auténtica cacería con secuestros y robos incluidos.

El 21 de diciembre del año pasado fueron lanzadas tres granadas a la comandancia de General Terán. Una patrulla y una ambulancia se quemaron. Un total de 15 policías decidieron entonces dimitir. El pasado 8 de enero rafaguearon con ametralladora el edificio. Cinco elementos resultaron heridos. A partir de ese momento los policías ya no se presentaron a laborar; sólo 10 continuaron con su trabajo, pero bajo la condición de patrullar en sus vehículos y vestidos de civil.

Sin embargo, después de los tres cuerpos descuartizados que fueron arrojados a la cuneta, hasta el mismo director de la corporación, Rolando de Ochoa Menchaca, dimitió. Tampoco hay agentes de tránsito ni autoridad que ofrezca una valoración al respecto: No estoy autorizada para dar información. En cuestión de policías no le sabría decir nada, dice María Dolores Cavazos García, oficial mayor del ayuntamiento.

Los ataques contra las corporaciones policiales se han dado en diferentes municipios de Nuevo León, con saldo de 18 agentes asesinados en enero en Monterrey, Apodaca, San Nicolás, Guadalupe, Santiago, Cadereyta y Linares. Lo anterior es producto de las disputas por el territorio entre cárteles rivales, asegura Jorge Domene Zambrano, vocero de seguridad en la entidad, al considerar que a pesar de esta ola de asesinatos se cuenta con el apoyo del Ejército: Esto está cada vez más claro, es algo dirigido entre ellos, y de la autoridad contra ellos y viceversa, asegura.