Aunque es encomiable la propuesta de una nueva ley de migración por parte del gobierno federal –que en estos momentos se está discutiendo en el Senado–, dicha iniciativa carece de mecanismos efectivos y reales para llevar a la práctica los derechos de los miles de migrantes indocumentados que atraviesan el territorio nacional.

Así lo advirtieron los académicos y activistas participantes en el foro de opinión realizado el miércoles y jueves de esta semana en el auditorio Alfonso Reyes, de El Colegio de México, y cuyos resultados fueron presentados ayer en conferencia de prensa.

Fabianne Venet, directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), ponderó que después de cuatro décadas el gobierno se haya decidido a actualizar la legislación en la materia, reconociendo los derechos de los migrantes en un sentido muy amplio, incluidos los económicos, sociales y culturales.

Además, la propuesta de ley elimina la categoría de dependiente económico, que ponía en un segundo plano a la mujer con respecto al hombre, y garantiza el acceso de ambos al Registro Civil para dar nota de ciertos trámites.

No obstante, advirtió, la iniciativa sigue teniendo un carácter meramente declarativo, sin mecanismos que lleven a la práctica cotidiana los derechos de los migrantes indocumentados.

Uno de los aspectos en los que se hizo más énfasis fue el de solicitar a las autoridades mexicanas que eliminen los operativos de captura de migrantes, ya que son inconstitucionales, tienen consecuencias devastadoras para la seguridad de esta población, y ni siquiera cumplen con la labor de regular su tránsito por el país.

También se alertó sobre el tema de las detenciones indefinidas de miles de personas en las estaciones migratorias, que también son contrarias a la ley cuando no siguen los adecuados procedimientos administrativos.

Asimismo, se sugirió fortalecer los métodos de rendición de cuentas del Instituto Nacional de Migración (INM); promover la cooperación de todas las dependencias y niveles de gobierno en la materia, y no olvidar los asuntos de la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos, y la migración interna.

A la falta de dientes de la iniciativa gubernamental, señaló Venet, hay que agregarle la no existencia de programas específicos que sean aplicables en los puntos de tránsito y llegada más sensibles, así como la carencia de un presupuesto suficiente para poner en marcha cualquier esquema.

El foro, donde participaron Manuel Ángel Castillo, académico del Colmex, y Silvia Giorguli, presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía, se reproducirá próximamente en otros estados de la República, para integrar la mayor cantidad de observaciones y de esa forma enriquecer la ley.