En su estrategia de combate al crimen organizado, México debe incluir un enfoque con justicia social, desarrollo económico y centrarse en jóvenes sin empleo y niños sin escuela, no sólo porque son la población de mayor riesgo, sino también porque representan el futuro de la nación, expresó el gerente de desarrollo social para América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM), Maninder Gill.

En el foro internacional Pensar el futuro: la prevención que México necesita, Gill advirtió: No basta con enfocarse en cierto tipo de violencia en determinadas regiones; se requiere un enfoque integral e inclusivo, ya que, dijo, el desempleo y el abuso en los terrenos social, infantil y sexual contribuyen a generar diversos tipos de violencia en la calle y el hogar, a escala colectiva e individual.

Aparte, el representante del Programa de las Naciones Unidas el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, Daniel Luz, advirtió que México vive una situación trágica: el número de muertos el año pasado (34 mil) es una barbaridad; es varias veces los que hay en Irak y Afganistán.

En entrevista, subrayó que la participación del Ejército en el combate al crimen organizado es un tema muy delicado. Por un lado, las fuerzas armadas están para situaciones de crisis, y podemos catalogar que México vive una situación así. Sin embargo, acotó, la participación del Ejército debe estar basada en criterios de respeto a los derechos humanos y a los instrumentos internacionales suscritos por el gobierno federal.

Si no es así, hay que presentar denuncias en canales adecuados, fidedignos, ágiles y eficaces para la ciudadanía. De lo contrario, incurrimos en impunidad, que es uno de los grandes problemas que llevan a situaciones de inseguridad y presencia del crimen organizado.

En la inauguración del foro, el representante del BM subrayó que proteger a la sociedad civil  no sólo debe estar en manos de las fuerzas de seguridad pública. “Tenemos que empoderar a otros actores para que se involucren en el tema; por ejemplo, el sector privado”.

También se requiere una mejor interacción entre los agentes gubernamentales y los distintos niveles de gobierno con la sociedad y el sector privado. Ya tenemos este tipo de foros en Colombia y Estados Unidos. Pensamos que una iniciativa así puede funcionar en México, dijo.

En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el funcionario del BM recomendó algunos componentes para prevenir la violencia: un enfoque objetivo en la justicia social y el desarrollo económico, en la juventud y los niños, especialmente en quienes no tienen trabajo y no van a la escuela, y establecer un diálogo continuo con la sociedad, los integrantes de todas las instituciones y la comunidad internacional.

Sobre este último punto, el representante del PNUD coincidió en señalar que uno de los ingredientes principales que faltan al país para abatir el crimen –el cual no depende del gobierno– es tener un compromiso abierto que incluya a la sociedad, las ONG, el sector privado y la banca. En suma, un compromiso que sume a todas las partes.

Pero, agregó, el gobierno debe acercarse más a escuchar la opinión de los alcaldes y gobernadores; de la sociedad, no sólo de los que le son afines, sino también de la oposición.

Margarita Zavala, presidenta del DIF nacional, subrayó que México está aprendiendo a través del dolor, pero también del esfuerzo, valor y compromiso de sus hombres y mujeres.

Al inaugurar el foro, subrayó que los gobiernos y las autoridades deben contar con el apoyo social para combatir el crimen, y debe fortalecerse la participación ciudadana.

La integrante del equipo conflicto, crimen y violencia del BM, Elizabeth Jonhston, dijo que una estrategia nacional debe incluir el papel activo de la sociedad. Es una condición esencial para lograr cualquier política exitosa.

Asimismo, Daniel Luz agregó que se requiere una política de mediano y largo plazos, y no cortoplacista o de satisfacción inmediata en la opinión pública.