Nueva York, 27 de enero. Una investigación del Congreso de Estados Unidos detalla la violencia sin precedente generada por organizaciones de narcotráfico en México, la cual ahora exhibe una brutalidad creciente, que ha llevado a algunos a caracterizarla de terrorismo doméstico y a otros a comparar a los cárteles como algo similar a insurgentes no ideológicos que intentan infiltrar el Estado mexicano.

El Congreso estadunidense, señala el informe, ha expresado su preocupación por la creciente crisis de seguridad en México, que ha provocado preocupaciones sobre la estabilidad de un socio estratégico y vecino, llegando a tal nivel que algunos analistas consideran que el gobierno ha perdido control en varias partes del país.

Los cárteles mexicanos, destaca el informe, no tienen una ideología (en contraste con el caso colombiano) más que una búsqueda despiadada de ganancias, pero su corrupción e intimidación han desafiado al monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza y el régimen de ley. Agrega que el sistema policiaco y judicial mexicano, minado por la corrupción, no está actualmente equipado para combatir a las organizaciones de drogas, y señala que aunque cada vez hay más arrestos de narcotraficantes, sólo entre uno y dos por ciento de ellos son enjuiciados y condenados penalmente.

El informe, elaborado y publicado este mes por el Congressional Research Service (CRS), la agencia de investigaciones no partidaria del Poder Legislativo, intenta evaluar las dimensiones y fuentes de la creciente violencia en México. Señala que la campaña antinarcóticos del presidente Felipe Calderón ha tenido éxitos contra líderes claves de los siete cárteles principales del país, pero que éstos han detonado pugnas internas de sucesión y violencia contra las autoridades, y que el carácter de esa violencia ha cambiado recientemente, sobre todo por su intensidad y brutalidad.

Detalla que en 2010, un número alarmante de funcionarios públicos mexicanos han sido asesinados, incluidos 12 alcaldes y el candidato a una gubernatura. También destaca masacres de jóvenes y de migrantes, así como de periodistas, el uso de tortura, el fenómeno de coches-bomba, e indica que este cambio en el tipo de violencia ha llevado a que algunos analistas sugieran que los cárteles mexicanos ya están operando como algo parecido a terroristas domésticos, mientras piensan que podrían ser similares a insurgentes intentando infiltrar al Estado mexicano, al penetrar el gobierno y la policía.

Al indicar que en el verano de 2010 México sufrió periodos durante los que ocurrieron más de mil muertes relacionadas con el narcotráfico, así como cada vez más muertos y heridos, concluye que los resultados de la campaña de cuatro años para desmantelar las organizaciones de narcotráfico y sacar del país el comercio de droga, no ha logrado poner la violencia bajo control.

El informe indica que la creciente crisis de seguridad en México, incluido el asesinato de tres personas del consulado estadunidense en Ciudad Juárez, ha intensificado la atención del Congreso de Estados Unidos y generado preocupaciones sobre la estabilidad de un socio estratégico, como también la posibilidad de que la violencia cruce la frontera.

Considera que al escalarse la violencia y llegar a más territorio mexicano, más observadores y analistas políticos muestran su preocupación por la estabilidad del Estado. Agregó que aunque los gobiernos de México y Estados Unidos niegan de manera firme la tesis del Estado fracasado (fallido), presentada por algunos analistas en 2008 y 2009, en agosto de 2010 el propio Calderón describió la violencia promovida por el narco como un desafío al Estado, un intento para sustituirlo. Agrega que algunos observadores consideran que partes de México han sido perdidas (frente) a las organizaciones de narcotráfico, aunque eso definitivamente no es el caso para gran parte del país.

Recuerda que en septiembre de 2010, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que la violencia en México se está transformando o está en causa común con lo que nosotros llamaríamos una insurgencia, comparable con lo sucedido en Colombia años atrás, pero indica que esta caracterización fue revisada rápidamente por otros altos funcionarios estadunidenses, después de ser rechazada por el gobierno mexicano. El informe indica que aunque en general el gobierno de Barack Obama rechaza el término insurgencia para describir la red de narcotráfico en México, muchos funcionarios muestran preocupaciones sobre la capacidad del gobierno mexicano para reducir la violencia y controlar las tácticas tipo insurgente o terroristas empleadas por las organizaciones criminales.

El informe recuerda, en este contexto, que el gobierno de Estados Unidos continúa definiendo a los cárteles mexicanos como la amenaza de crimen organizado más grande para este país. De hecho indica que, según autoridades estadunidenses, las organizaciones criminales tienen presencia en 230 ciudades de Estados Unidos.

Traza la evolución de la relación de los narcotraficantes con el gobierno, empezando con las administraciones encabezadas por el Partido Revolucionario Institucional, que a un elevado grado toleraban y protegían la producción y tráfico de drogas en ciertas regiones del país, y manejaban el asunto con una política de acomodación. Esta relación cambió en los 90, con la descentralización del poder político y con el fin del monopolio del PRI sobre el sistema, y ahora parece que la violencia restablecer la impunidad de que gozaban.

Los cárteles están teniendo un efecto desmoralizador y deslegitimador profundo sobre los gobiernos locales, estatales y federales en México. Podría llevar años construir instituciones más fuertes antes de que la violencia sea marcadamente reducida, pronostica. Advierte que si se continúa con los actuales poco efectivos ataques y fiscalización de líderes, la violencia continuará, y sin una solución de corto plazo podría haber presión pública para regresar a las políticas de acomodación que funcionaron en el pasado.