as fuerzas armadas (FA) hoy están moralmente confundidas, no desean ser policías, anhelan desempeñar un deber que satisfaga sus aspiraciones originales y las expectativas de la profesión militar, estudiando y planificando las varias acciones en las que pueden ofrecer un soporte tanto al poder político como a la población.
El cambio de imagen que se ha venido dando a la baja y la consecuente menor aceptación y reconocimiento de ellas por la opinión pública, está provocando un sentimiento de malestar, de sentirse rechazadas, de enojo y frustración en las jerarquías medias y superiores. Las jerarquías menores dolorosamente se están acostumbrando al nuevo sentido de su vida cotidiana. Aceptan con lógica y natural resignación la vida policial a la que los están llevando, las formaron así y así son.
En la Heroica Escuela Naval hay más cadetes estudiando infantería, o sea para servir en tierra, que para dominar las ciencias del mar. En las escuelas básicas y superiores militares ya se introducen elementos de ciencia policial. Así se afronta una realidad, pero de manera empírica, endógena, sin tecnologías de punta. Pero, ¿por qué de manera vergonzante? ¡Pues porque no hay definiciones de fondo! ¡Pues porque eso nadie lo desea! Dolorosamente los beneficiados, generales y el almirantazgo, defienden y justifican el viejo estatus a morir, creen que ahí está el laurel y llaman insubordinado a cualquier oponente a su opinión.
Añoran que ayer fueron admiradas, respetadas, aplaudidas. Y hoy, ¿qué? Sin duda alguna el papel jugado por las FA a lo largo de décadas, como policías del gobierno, hizo que se les diera gran importancia política y se les distinguiera de las policías comunes, las que realizan acciones mucho menos prestigiosas y hasta lamentables y que, por tanto, por hoy a esas policías no se les confiera respeto ni aprecio, más bien recelo e incertidumbre. Hoy pareciera que el juicio social es equivalente.
Existen antecedentes de que en países llamados desarrollados, algún día, sus ejércitos participaron en gran medida en sus conflictos internos, lo que les trajo consecuencias lamentables. Cuando se dieron cuenta de esto sus gobiernos, inmediatamente se produjo la desmilitarización, lo que implicó que se separara a la policía y al ejército, o que se creara un cuerpo policial que se encargara de los conflictos internos. Ellos han eliminado ese factor de irritación que era el servicio militar obligatorio; nosotros lo sostenemos como emblema de vergüenza. Pareciera que nosotros gustosamente estamos siguiendo exactamente los caminos contrarios.
Ahora mismo en varios países existen importantes amenazas de naturaleza no militar. Algunas de estas amenazas son: migraciones masivas, desplazamientos y asentamientos de refugiados, integrismos religiosos, violaciones de los derechos humanos, atentados contra el medio ambiente, droga, sida, terrorismo, pobreza, desempleo y exclusión social, o crisis económico-financieras en sociedades muy poco igualitarias. Ante eso, la regla ha sido preservar a las FA de intervenir en ellas todo lo posible. En su sustitución se han activado programas triunfantes de desarrollo de cuerpos policiacos de distintas cualidades, así como de organización social, como son los exitosos programas de Protección Civil.
Esta declaración desearía ser puntal de lo que se plantea al principio: las FA no pueden seguir haciendo las funciones policiacas. Todo lo contrario, no sólo debe retirárseles, sino también reivindicárseles para dar un paso adelante, por muchos años demorado, de, al fin, optar por unas FA modernas en el mejor sentido de la palabra: confiables, eficientes, respetables y respetadas.
Esa reivindicación a que se alude tendría un efecto tan extraordinariamente positivo que es difícil de describir, pero que intentando dar dos o tres trazos se podría decir que abonarían en que: Nuestro prestigio internacional, que siempre fue alto, en este segmento ahora se vería recuperado, porque seríamos ante el mundo auténticamente un estado de derecho, respetuoso y defensor de las garantías individuales y sociales. Dentro del país disfrutaríamos de instituciones que serían confiables; que existiría la seguridad jurídica porque seríamos un Estado serio y también públicamente seguro. Todo ello se restablecería ante un estado de cosas en este momento en que son exactamente contrarias.
La administración Calderón, independientemente de cantados logros en otros sectores, podría atribuirse el mérito histórico de haber puesto a la altura del siglo que vivimos a unas FA que con un gran y muy respetable impulso, han transcurrido por décadas desde los Tratados de Teoloyucan, dados en agosto de 1914, hasta este momento, por rutas no trazadas previamente, sin objetivos ni definición claros, sin proyectos de mediano y largo alcances. Se han limitado a actualizar su armamento y equipo y condiciones de vida, solamente de manera estrictamente circunstancial, sin un fin trascendental ni una consecuente programación y continuidad, y que además se han dado de manera solamente endógena, con escasa conexión con el contexto nacional que es determinante.
Las enseñanzas de los generales Joaquín Amaro y Francisco L. Urquizo, que han sido los únicos auténticos transformadores hacia la modernización de las FA, nunca fueron imitadas. Las acciones de Joaquín Amaro para profesionalizar al ejército posrevolucionario fueron en todos los espacios, prueba de ello es la todavía vigente legislación militar promulgada en los años 30. Consciente de que no hay evolución sin educación, es importante mencionar que Joaquín Amaro, ilustre militar, fue el fundador de la Escuela Superior de Guerra, instrumento trascendente de superación profesional que inició sus cursos en abril de 1932.
Los planes de Francisco L. Urquizo respondieron a las necesidades de actualización por haber México declarado en noviembre de 1942 un estado de guerra contra los países del Eje. Antes de esto ya había demostrado su interés por la modernización, al crear la Academia de Estado Mayor, en 1916, antecedente posrevolucionario del actual Heroico Colegio Militar, reabierto en enero de 1920. Entre los militares de su época se compendiaba la evolución lograda en las FA diciendo que Urquizo había “cambiado al caballo por el Jeep”.
Es una verdad legítima y desprendida la que se plantea. No se busca el privilegio de nadie ni de grupo alguno. Se enuncia un pasivo lacerante en las instituciones nacionales, todo un riesgo. No se aboga por privilegiar a un sector de manera vergonzante. Sí, privilegiarlo en atención y correspondencia a lo mucho que de él requiere la patria. No habrá mayor solidez de la democracia y sus bondades si no es vigoroso el último baluarte de su garantía. Hay un gran altruismo entre las tropas y marinería. ¡Sólo quieren ser mejores para servir mejor!
Hoy es verdad que ningún presidente ha sido tan gravoso para las FA como el actual. Ni López Mateos, con sus represiones a la huelga ferrocarrilera y el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia, ni Díaz Ordaz, con el terrible e inolvidable Tlatelolco, la invasión de las universidades de Michoacán y Sonora y la represión a las huelgas magisterial, de médicos y de maestros.
Por eso es legítimo exponer ante la opinión pública lo que es un deber ineludible de este gran destructor de los méritos de las armas mexicanas. Por eso es legítimo plantear: ¿querrá Calderón pasar a la historia como su gran reformador y reivindicador de las FA o sólo por haber sido su indecoroso destructor con los graves riesgos nacionales que con ello heredará?
