n el Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Ernesto Cordero Arroyo, afirmó que las constantes alzas en los precios de las gasolinas no tienen efectos en el incremento de precios, y citó, para probar su dicho, el hecho de que a la primera quincena de enero hemos tenido la inflación más baja en los últimos 22 años (0.17 por ciento, según el Banco de México).

La aseveración de Cordero exhibe una visión distorsionada de la realidad y una lectura a conveniencia de los indicadores macroeconómicos: al citar las cifras oficiales sobre la inflación general en la primera quincena de este año –que no es, por cierto, la más baja en los últimos 22 años, pues supera a la de 2009, de 0.15 por ciento– el funcionario soslaya que durante los pasados 12 meses –periodo en el que tuvieron lugar otros tantos gasolinazos– se registró un incremento de 80 por ciento en el costo de la canasta básica, y que en los primeros días de este 2011 se han producido aumentos de hasta 120 por ciento en los precios de algunas frutas y verduras.

Es meridianamente claro que un componente central de esas alzas –que afectan principalmente a los estratos más pobres de la población– es el incremento sostenido en las tarifas oficiales, el de las gasolinas y el diesel en particular: esos aumentos multiplican los costos de agricultores, transportistas, comerciantes, industriales y demás integrantes de la cadena de producción y distribución de alimentos, y afectan, en consecuencia, el costo que debe pagar el consumidor final.

En la hora presente, en suma, cuando los incrementos a los precios de los combustibles se han traducido de hecho en un alza en los costos de productos básicos y servicios a escala nacional, la postura del titular de la SHCP constituye un factor adicional de agravio para la población: con sus señalamientos, pretende hacer pasar por inofensiva una medida lesiva para los bolsillos de las familias y que surge, para colmo, en el empeño del grupo en el poder por hacer pagar a los contribuyentes el costo de un gobierno cada vez más ineficaz en el cumplimiento de sus tareas básicas en materia de seguridad, salud, empleo, educación y desarrollo social.

Desde un enfoque más general, el señalamiento de Cordero Arroyo se suma a los realizados en días recientes por el titular de Economía, Bruno Ferrari, quien el pasado domingo dijo que la llamada cuesta de enero y los correspondientes incrementos en los precios son algo cultural, y ayer calificó de increíble e irresponsable la actitud de quienes –según dijo– buscan hacer de las alzas a productos básicos algo político. Esos dichos desestiman en forma poco responsable las múltiples advertencias sobre los nubarrones económicos que se ciernen sobre el país. Particularmente grave es la desatención a la alarma mundial por la escasez internacional de alimentos, un tema que es abordado con preocupación en el foro de Davos; que ha sido enfatizado por la propia Organización de las Naciones Unidas, y que podría configurar, en los meses por venir, un grave problema de carestía en naciones pobres y dependientes como la nuestra, tanto o más grave de la que se registró a escala mundial en 2008-2009.

Ante tal panorama, y lejos de descalificar a priori la configuración de nuevas dificultades económicas –y por tanto sociales– en el país, las autoridades tendrían que concentrarse en evitarlas o, cuando menos, en reducir su potencial nocivo, y para ello es imprescindible que echen mano de los instrumentos a su alcance, empezando por la reducción en los precios de combustibles y demás productos y servicios a cargo del Estado. Sobra decir que la conveniencia de atender a esas consideraciones es no sólo económica, sino sobre todo social, porque si hay algo más peligroso e incendiario que las alzas y la carestía, es, precisamente, la indolencia gubernamental para atenderlas.