Santiago, 27 de enero. La justicia chilena investigará por primera vez las circunstancias de la muerte del presidente Salvador Allende, fallecido en el Palacio de la Moneda durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 encabezado por el general Augusto Pinochet, haciendo resurgir la tesis del magnicidio entre organizaciones humanitarias y de familiares de las víctimas de la dictadura.

Se tendrá que ver si hubo o no suicidio y en qué circunstancias, declaró una fuente del poder judicial. Es una responsabilidad tremenda, comentó a su vez el juez Mario Carroza, quien será el encargado de la investigación por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. Agregó que en esta importante labor cumplirá con su trabajo, pues se trata de una responsabilidad del Poder Judicial.

Allende no tiene causa dentro del Poder Judicial, dijo la fiscal de la Corte de Apelaciones, Beatriz Pedrals, quien presentó querella por la muerte del presidente y de otras 725 personas por casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990), que nunca fueron investigados, a diferencia de muchos otros que sí se ventilaron en tribunales a lo largo de los años.

El presidente socialista pronunció un discurso pocas horas antes de morir en La Moneda –adonde había acudido para defender su gobierno–, en el que reafirmó su intención de no renunciar al poder que había ganado en las elecciones de 1970. Pagaré con mi vida la lealtad al pueblo, afirmó a través de la radio, en momentos en que el palacio era bombardeado por la fuerza aérea.

Según una autopsia, Allende se suicidó con un fusil AK-47 que le regaló el entonces presidente cubano Fidel Castro. El informe señaló que murió de una herida de bala cérvico-buco-cráneo-encefálitica, con salida de proyectil. Una versión que ha sido históricamente aceptada, pero que sigue siendo cuestionada por sectores políticos y de derechos humanos.

El magistrado Carroza dijo que todo aquel elemento, testigo, documento, antecedente que sea necesario al cual recurrir, obviamente lo haré. En el mismo sentido se manifestó la fiscal Pedrals, al señalar que lo que no se investigó, la justicia lo investigará. Se llegará al final que se crea correspondiente, y aseguró que hay voluntad de la justicia de judicializar todo lo ocurrido.

El gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera afirmó que respeta todas las decisiones de los tribunales y que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen, a decir de la portavoz Ena Von Baer.

El año pasado, el gobierno rechazó una propuesta de la Iglesia católica para incluir en un indulto a fuerzas militares que cometieron violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

Aquí se cometió magnicidio, afirmó Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, al señalar que en una acción de terrorismo y golpe de Estado Allende no tenía ninguna salida ni ninguna seguridad.

También la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos dio la bienvenida a la pesquisa para que ningún crimen se deje de investigar.