Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM) señalaron ayer que, independientemente de las investigaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) haga sobre el presunto uso ilegal de recursos en las campañas políticas, debe evitar el uso político-electoral de la información obtenida de testigos protegidos.

Entrevistados sobre la versión periodística de que el narcotráfico invirtió dinero en la campaña de Manuel Añorve Baños por la gubernatura de Guerrero, priístas coincidieron en que no es la primera vez que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa utiliza a testigos protegidos para golpear a la oposición.

El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, aseveró que los incidentes del proceso en esa entidad competen a las autoridades electorales y la dependencia a su cargo coadyuvará para que los ciudadanos voten libremente.

Después de una reunión privada con el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas, el titular de Gobernación dijo en entrevista que está trabajando en comunicación con los dirigentes de los partidos políticos nacionales y con el señor gobernador (Zeferino Torreblanca) para coadyuvar en tareas de seguridad.

En la Cámara de Diputados, Pablo Escudero, presidente de la Comisión de la Función Pública, calificó las filtraciones de verdadera marranada del gobierno federal y la atribuyó al hecho de que el candidato panista, Marcos Efrén Parra (quien declinó en favor del perredista Ángel Aguirre) aportaría sólo 0.4 puntos porcentuales.

El diputado priísta Arturo Zamora (PRI) resaltó que en esta administración la PGR ha filtrado declaraciones de testigos protegidos “para golpear electoralmente a la oposición, en una guerra sucia para ganar votos”.

Dijo que así como él fue víctima de una filtración que lo relacionaba con el narco en Jalisco –aunque después la propia PGR aclaró que no había ninguna investigación en su contra–, ahora el Partido Acción nacional (PAN) y el gobierno federal recurren a la misma táctica para afectar al candidato priísta, Manuel Añorve, cuando él ni siquiera tiene ya posibilidad de contestar, porque la ley electoral prohíbe a los candidatos emitir declaraciones, dijo.

La presidenta de la Comisión de Vigilancia, la perredista Esthela Damián, recordó que cuando se ha acusado a perredistas de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, no ha habido dudas del gobierno federal y nuestros compañeros han ido a la cárcel.

Dijo que si bien persiste la exigencia de que se aclare el financiamiento de la campaña de Añorve, las filtraciones disfrazadas de información deben analizarse con mucho cuidado.

El dirigente nacional electo del PRI, Humberto Moreira, sostuvo que en cada elección que va perdiendo, el PAN actúa sin recato ni límites, y enturbia los procesos, como ahora, con esta infamia que ha cometido al acusar sin sustento a Añorve.

El secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam aseguró que la filtración refleja que quieren ganar a la mala y recordó el caso de su correligionario Arturo Zamora, a quien ofrecieron disculpas un día después de los comicios.

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, lamentó que se usen las instituciones del Estado para favorecer a un partido y subrayó que no es casual que la filtración ocurriera a unas horas de la elección.

Los senadores del PRI, reunidos en La Paz, Baja California Sur, respaldaron a Añorve y concidieron en que los dichos de un supuesto testigo protegido son parte de la guerra sucia del gobierno de Felipe Calderón contra el tricolor. Consideraron también que debe existir un código de ética en los medios de comunicación para que no se publiquen versiones no corroboradas de delincuentes.

Apuesta falsa de autoridades

Le quieren ganar a la mala, no obstante que él está ganando a la buena, sostuvo Manlio Fabio Beltrones. Es una apuesta en falso del gobierno y su partido, dijo el coordinador de los senadores priístas y advirtió que se arrepentirán quienes usan instrumentos de impartición de justicia para dañar famas públicas, porque están jugando con fuego.

El secretario de organización del PRD, Ángel Cedillo, manifestó que aunque la acusación contra Añorve no tenga sustento jurídico debe ser investigada, como se hizo con Gregorio Greg Sánchez en Quintana Roo, y con funcionarios de Michoacán. El panista Marcos Efrén Parra, quien declinó en favor de Ángel Aguirre, coincidió en que se deben indagar las imputaciones.

Ricardo Cantú, representante del Partido del Trabajo ante el Instituto Federal Electoral, exigió regular el manejo de información proporcionada por testigos protegidos.

E. Méndez, A. Becerril, A. Muñoz, P. Muñoz, V. Ballinas, E. Olivares y F. Martínez, reporteros, y J. Puga Martínez / La Jornada de Oriente