Las violaciones a la ley en que ha incurrido el Gobierno del Distrito Federal (GDF) para adjudicar de manera directa la concesión de la supervía poniente, además de poner en riesgo las finanzas públicas de la ciudad de México podrían revertirse en contra de los intereses de la empresa Controladora Vía Rápida Poetas, pues tribunales nacionales o internacionales tienen la posibilidad de determinar la cancelación de la obra.

Al cumplir seis meses de plantón en la colonia La Malinche, el Frente Amplio hizo un pronunciamiento. Asegura que mientras el gobierno, en su empeño de construir una obra que no responde a una planeación técnica de movilidad integral, ha incurrido en diversas ilegalidades y violentado derechos humanos, su movimiento ha alcanzado distintos logros.

Hemos puesto en evidencia, con la ayuda de varios especialistas y en diferentes foros y debates, que la supervía, entre otras afectaciones, pondrá en riesgo la sustentabilidad del Distrito Federal, propiciará una mayor urbanización en los suelos de conservación del surponiente y no resolverá los problemas de movilidad de Santa Fe y mucho menos del resto de la capital.

Entre las irregularidades en que ha incurrido la administración local mencionaron: haber dado por válida una solicitud de adjudicación antes de que la declaratoria de necesidad correspondiente surtiera efectos legales; permitir que la evaluación técnica financiera, necesaria para otorgar una concesión, la realizara una dependencia del propio gobierno cuando por norma la tiene que realizar un tercero independiente; ocultar información cuando su obligación es garantizar el acceso a ella y violentar el artículo 50 de la Ley de Medio Ambiente local.