No se trata de perder o ganar, sino de hacer justicia, por lo que si en el ejercicio de su profesión algún médico comete un error por negligencia o impericia, debe asumir su responsabilidad. Por lo mismo, tampoco es importante el monto que la Secretaría de Salud (Ssa), los hospitales e institutos nacionales destinan a indemnizaciones o reparación de daños, aunque es un riesgo controlado, aseguró el secretario José Ángel Córdova Villalobos.

De esta manera desestimó los señalamientos que en días pasados hizo el abogado Alberto Guerrero Rojas, inconforme con el resultado de la licitación 00012001-026-10, mediante la cual se contrataron los servicios de Aseguradora Afirme para proporcionar el seguro de responsabilidad profesional a médicos, cirujanos dentistas y enfermeras de base y residentes, así como a los profesionistas en periodo de adiestramiento y que realicen estudios y prácticas de posgrado en el periodo 2011-2012.

El litigante, ex director jurídico pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), aseguró que la Ssa erogó 45.8 millones de pesos en los pasados tres años para cubrir indemnizaciones. Atribuyó esta situación a que la secretaría pierde los juicios porque carece de expertos en derecho sanitario.

En realidad las compañías aseguradoras privadas aportan los litigantes y han solventado dicho gasto. La compañía contratada a partir de este año asume que, eventualmente, le tocaría pagar lo que corresponda por los asuntos pendientes de resolver. Según datos oficiales, son mil 371 demandas que significan 76.5 millones de pesos.

Asimismo, existe un pleito que es dirimido en la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el contrato, ya adjudicado a Afirme con valor de 65.3 millones de pesos, para proporcionar a médicos, enfermeras y residentes la defensa legal que requieran ante demandas civiles interpuestas por pacientes.

La aseguradora se hará cargo de la totalidad de los gastos que involucre el proceso judicial hasta por 3.5 millones de pesos en el caso de médicos; 3 millones para enfermeras y 1.5 millones para residentes y pasantes de servicio social.

Desde el año 2003, el personal médico de la SSa cuenta con un seguro de responsabilidad profesional contratado con empresas privadas, mediante el cual se han atendido 2 mil 628 demandas civiles. De éstas, han concluido mil 257 y se han pagado más de 67 millones de pesos a los afectados.

De acuerdo con la información que la Ssa aportó en las bases de la licitación pública nacional mencionada, en el periodo 2011-2012 se dará protección legal y económica a 136 mil 764 trabajadores; incluye a los órganos desconcentrados, los institutos nacionales de salud y el personal de los servicios médicos de los estados.

Esta es una prestación de las Condiciones Generales de Trabajo firmadas por la Ssa con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ssa. Ahí se establece que la dependencia federal absorbe la mitad del costo de las pólizas y la otra es aportada por los beneficiarios del servicio.

Médicos y enfermeras tienen la posibilidad de potenciar la póliza hasta por 10 millones de pesos por su actividad dentro de la Ssa y/o en el ámbito privado, siempre que por su cuenta cubran las diferencias de las primas correspondientes.

En el recurso de inconformidad que interpuso Corporativo Jurídico Sanitario en la SFP, se argumenta que en la licitación pública la Ssa únicamente solicitó que los abogados de las aseguradoras contaran con cédula profesional, cuando debió requerir especialistas en derecho sanitario.

Según José Meljem, subcomisionado médico de la Conamed, la queja carece de sustento, porque para el ejercicio de la profesión de abogado la ley sólo pide la cédula profesional. Además, el derecho sanitario no existe como una especialidad formal.

De cualquier manera, llama la atención que durante el proceso de la licitación la empresa Corporativo Jurídico Sanitario no presentara su inconformidad en la junta de aclaraciones, efectuada el 7 de diciembre de 2010.

La minuta de la reunión, cuya copia tiene La Jornada, señala que la ahora quejosa se limitó a preguntar si la Ssa sólo pedía que los abogados de las compañías concursantes tuvieran su cédula profesional, aunque no tengan ninguna experiencia y conocimientos en temas de responsabilidad profesional derivada de actos de prestación de servicios de atención médica, normas oficiales mexicanas relacionadas con salud, disposición del cuerpo humano, procedimientos ante Conamed o sus equivalentes estatales y demás temas de derecho sanitario.

En su respuesta, los funcionarios de la Ssa confirmaron la apreciación del corporativo.