En la gestión de Felipe Calderón han sido sancionados por irregularidades e ilícitos 31 mil 223 funcionarios del gobierno federal, cantidad que representa 81.9 por ciento de los servidores procesados en la gestión de Vicente Fox, informó el director general de responsabilidades y situación patrimonial de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Víctor Alfonso Sáenz Ramírez.

En entrevista con La Jornada, indicó que del total de sanciones impuestas, 55 por ciento no son graves. Pero sí 12 por ciento (3 mil 887), por lo cual los servidores públicos han sido inhabilitados o destituidos 10 y 20 años del cargo, y 9 por ciento sancionados económicamente por causar daño patrimonial al Estado por al menos 9 mil 634.5 millones de pesos.

De ese 9 por ciento de burócratas sancionados, cerca de 30 por ciento ha ganado su caso en tribunales, al no encontrarse elementos para hacer efectivo el cobro del dinero para resarcir el daño.

Saénz refirió no tener los nombres de esos funcionarios, porque las sanciones económicas se convierten en créditos fiscales, y toca al Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hacer los cobros respectivos y llevar los juicios fiscales ante tribunales.

No tenemos ninguna facultad o posibilidad de acción para mejorar la recuperación de las sanciones económicas, porque esto cae dentro del ámbito del SAT. Nosotros sólo emitimos las resoluciones y el Servicio de Administración Tributaria es el que debe llevar a cabo el cobro.

Sáenz dijo que tampoco conoce con precisión el número de funcionarios denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR), porque no es un ámbito de su competencia, sino de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Aunque se le insistió, refirió que a la SFP no le corresponde seguir los juicios en la esfera penal.

“Cuando hay un delito (la SFP y los órganos internos de control de la dependencia), damos vista a la PGR, pero ya no tenemos autoridad para continuar los casos; es el juez quien dicta la sentencia condenatoria. La materia disciplinaria (de la SFP) es totalmente autónoma de la materia penal y fiscal.

Nuestra materia disciplinaria pretende sancionar a funcionarios que cometan alguna irregularidad administrativa, puntualizó.

La gran mayoría de las sanciones impuestas este sexenio (55 por ciento), dijo, no son graves y corresponden a amonestaciones administrativas públicas y privadas, que no implican sanción económica sino suspensión de labores que puede ir de tres días a un año.

De ese tipo de amonestaciones hay un alto porcentaje; se disparó en 2008 por el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial, que por ley obliga todos los servidores públicos con cargos directivos a entregarla en la SFP.

En las amonestaciones privadas, el superior jerárquico amonesta al servidor público por escrito, y en la pública se levanta un acta ante dos testigos. Ese tipo de sanciones se imponen también por una deficiencia en el servicio público, por no cumplir planes, programas o alguna norma legal, y otras de entre un total de 24 causales que marca la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En las sanciones administrativas, la SFP tiene 90 por ciento de firmeza en sus resoluciones, es decir, logra inhabilitar o suspender al funcionario que incurrió en ilícitos, pero la parte penal no nos toca; le toca a la PGR.