El director general de Obras Concesionadas de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, Alfredo Hernández García, confió en que se obtendrán los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para construir la supervía poniente en terrenos federales, aunque se tiene un plan B, pues si no equipamos a la ciudad de vialidades, tendríamos un gran problema y cometeríamos un grave error.

Al término de la presentación de las medidas viales que se aplicarán a partir de este lunes en el Eje 1 Poniente, de Tenayuca a Etiopía, explicó que desde hace más de 10 años se viene equipando a la ciudad con las líneas 1 y 2 del Metrobús, la línea 12 del Metro y dos tramos de los segundos pisos, la supervía poniente y el tramo oriente, a fin de mover a más de un millón 500 mil usuarios del transporte público y alrededor de un millón 400 mil vehículos.

Se trata de todo un sistema integral de movilidad. ¿Qué pasa si no hacemos estas obras?, se cuestionó. Hoy por hoy se llevan 23 millones de tramos viaje-persona-día en la ciudad y en la zona metropolitana y si no equipamos a la ciudad de vialidades, donde subimos transporte público, con sistemas de capacidad intermedia, como el Metrobús, por ejemplo, tendríamos un gran problema y cometeríamos un grave error, destacó.

El presidente de la Coparmex-DF, Juan de Dios Barba, consideró por otra parte que la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de suspender los trabajos de la supervía no sólo es mala señal, ya que resta certidumbre jurídica a la inversión y atenta contra la generación de empleos, sino que puede ser utilizada como instrumento de luchas intestinas entre las fuerzas políticas.

Consideró que permitir que una resolución en materia de derechos humanos sea utilizada como instrumento para detener obras de infraestructura, pone en riesgo su realización en el país, cuando zonas como Santa Fe se encuentran al borde del colapso por la falta de vías de comunicación adecuadas y suficientes.

La necesidad de realizar dicha obra está plenamente justificada. De no concretarse se pone en riesgo la inversión y el patrimonio de miles de familias y empresas asentadas en aquella zona, pues “la supervía resulta necesaria y urgente. Y es lógico suponer que cualquier consulta a los directamente afectados será contraria a su ejecución”, argumentó.