Ginebra, 21 de enero. La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Navi Pillay, exhortó este viernes a México a acelerar las investigaciones sobre los 40 migrantes latinoamericanos que fueron secuestrados a mediados de diciembre pasado.

Fueron plagiados hace un mes en circunstancias altamente cuestionables. Desde entonces no hay pistas sobre su paradero y los defensores de los derechos humanos que ayudaron a integrantes del mismo grupo han sido continuamente amenazados, declaró Pillay.

De acuerdo con la comisionada, quien recogió testimonios de organizaciones no gubernamentales en el lugar, los migrantes desaparecieron el 16 de diciembre anterior, cuando viajaban en un tren que iba de Oaxaca al norte del país.

Éste fue detenido por la policía y autoridades de migración, las cuales procedieron a arrestarlos, añade la comisionada.

Posteriormente otros viajeros dijeron que habían sido extorsionados por empleados de la firma que administra el tren, según la organización con sede en Ginebra, Suiza.

Unos 30 minutos después el mismo tren fue atacado por un grupo armado, añadió.

Ante esos hechos, Pillay instó a las autoridades mexicanas “a realizar una investigación exhaustiva y transparente de las acusaciones de maltratos y abusos que sufrieron los migrantes por agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración que participaron en el operativo conjunto”.

Asimismo pidió aclarar las circunstancias en que los migrantes fueron secuestrados. Las autoridades mexicanas deben determinar si funcionarios públicos, incluidos los que trabajan para la empresa ferroviaria, de propiedad estatal, fueron cómplices con la organización criminal que llevó a cabo los secuestros y las extorsiones, tanto en éste como en otros casos.

México, escenario de una guerra entre los cárteles de la droga, regularmente es sacudido por la desaparición de migrantes. Medio millón atraviesa cada año el país para ingresar a Estados Unidos.

En agosto pasado las fuerzas armadas de México descubrieron en el norte del país 72 cuerpos de indocumentados, la mayoría de Centroamérica, quienes fueron asesinados presuntamente por el grupo criminal Los Zetas, que se ha convertido en uno de los principales cárteles de la droga.

De la Redacción

El gobierno de México refrendó anoche su compromiso con la seguridad de los migrantes, insistió en que la principal amenaza contra ellos es la delincuencia organizada trasnacional y subrayó que las investigaciones sobre el presunto secuestro de centroamericanos en Oaxaca se encuentran en curso. Por ello, enfatizó, no se puede prejuzgar el resultado.

Con esos planteamientos dio respuesta a la demanda de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, de que se investigue de manera exhaustiva y transparente la desaparición de los migrantes en diciembre pasado, quienes cruzaban territorio mexicano en su intento por llegar a Estados Unidos.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) refrendó su disposición a colaborar con dicho organismo y reiteró que le seguirá brindando toda la información que solicite, conforme a la práctica y los procedimientos establecidos.

Deben sumarse esfuerzos

También hizo un llamado a la alta comisionada a sumar esfuerzos con todos los países de la región para mejorar la cooperación internacional, elemento indispensable para hacer frente a un fenómeno de dimensiones globales.

En temas tan sensibles como la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional y la protección de los derechos humanos de los migrantes, el principio de responsabilidad compartida debe aplicarse no sólo entre gobiernos, sino también entre éstos y las organizaciones globales, enfatizó la SRE.

Frente a los desafíos que plantea la delincuencia organizada trasnacional, resaltó que se fortalecieron los esquemas de cooperación con las naciones de la región y se integró una estrategia para prevenir y combatir el secuestro, la cual está vigente desde agosto pasado. Dijo estar plenamente comprometida con la pronta adopción de una nueva ley migratoria, que garantice y proteja los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en México tratando de llegar a Estados Unidos.

Por último, manifestó que la estrategia nacional de seguridad no sólo dedica cuantiosos recursos materiales y financieros, sino también pone en riesgo la vida de valiosos integrantes de las fuerzas de seguridad.