nero no es un mes favorable para Tony Blair. Al igual que en los primeros días de 2010, el ex primer ministro británico fue llamado de nueva cuenta a comparecer ante el Comité de Investigaciones que examina las condiciones bajo las cuales Inglaterra decidió enviar tropas a invadir Irak en 2003. Como hace un año, Blair vindicó el apoyo a Bush para derrocar al régimen de Saddam Hussein y dijo no sentirse arrepentido por las consecuencias de la guerra, aunque ayer matizó ligeramente la posición que había sostenido desde que optó por ser el aliado, digamos menos europeo, de la política de EU en la región. Por primera vez, lamentaba la muerte de los 179 soldados que cayeron en combate, las pérdidas de los civiles iraquíes y de quienes habían sido víctimas de los efectos colaterales del conflicto. Pero más que por las protestas de la madre de uno de los soldados ingleses que murieron en la intervención –y que no dejó de gritarle mentiroso durante la larga audiencia de más de cuatro horas–, Blair se siente hoy tal vez presionado por el giro que han tomado las investigaciones. En 2011, las pesquisas del comité apuntan hacia circunstancias en las cuales el ex premier podría ser acusado de haber emprendido una guerra ilegal.

Todo parece indicar que Blair excluyó a su fiscal general, Peter Goldsmith, de las deliberaciones sobre la legalidad de la intervención inglesa en Irak durante los meses previos al envío de tropas en 2003, tal como lo informa el reporte de la investigación conducida por el ex funcionario John Chilcot. El 14 de enero de aquel año, Goldsmith advirtió a Blair que la resolución 1.441 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no era suficiente por sí sola para justificar la invasión y el ataque a Irak. Incluso Blair, el 6 de febrero siguiente, quiso adelantarse a esta desavenencia jurídica cuando declaró a la BBC que, en caso extremo, el gobierno de Reino Unido podría actuar al margen del acuerdo de la ONU. El caso extremo llegó unas cuantas semanas después y las tropas fueron enviadas al sur de Irak para combatir la resistencia de quienes se oponían a la invasión.

¿Qué está en juego en la Investigación Chilcot, tal como se le ha dado en llamar al explosivo reporte? Es obvio que se trata de algo más que del prestigio y de la solvencia, ya muy desvalidos, del ex premier británico. Está en juego, acaso, la definición misma de una guerra de intervención y, de manera colateral, la definición de la guerra en general.

En la comparecencia del año pasado, Blair recurrió a la definición más antigua que conoce el arte de legitimar la guerra: “la política de enviar nuestras tropas a Irak, dijo, fue una decisión justa (a just commitment)”. El tema de la guerra justa es tan remoto como las obras de los legisladores romanos del siglo I, siempre preocupados por la legitimidad de un imperio (el romano) que sin duda se guió por la ley. Es por eso también que líderes como Al Sadr, que encabezó a una de las mayores fracciones iraquíes que se opusieron con las armas a la invasión, hizo hasta lo imposible para que la acción de ingleses, estadunidenses y tantos otros fuera definida (en los organismos internacionales) como una invasión injusta. Por lo menos a la hora de las definiciones sobre la guerra, el islam y la tradición occidental no parecen ser tan distintos.

Pero la activación (o la reactivación) del concepto de guerra legal, que no es nuevo (aparece ya en los teóricos alemanes del siglo XIX de la Realpolitik) puede resultar, bajo las circunstancias actuales, visiblemente comprometedor. Una cosa son las ilegalidades que se cometen en una guerra (tema que ha ocupado a la jurisprudencia moderna desde la Realpolitik hasta los días de hoy, pasando por el tratado de Ginebra), y otra muy distinta es que la guerra en su conjunto pueda ser declarada como un acto ilegal. Supongamos que el Comité de Investigaciones acaba, en efecto, por acusar a Tony Blair de haber promovido una guerra ilegal, lo cual sería encomiable para desalentar en un futuro empresas como la invasión de Irak. ¿Pero significa esta formulación que podrían existir, también en un futuro, guerras legales? Ese ya no sería un panorama tan alentador, a menos que la ONU modificase su estructura interna de tal manera que el litigio y la discrepancia tuvieran espacios efectivos.

También cabría pensar en las derivas de la definición de casus belli para la otra gran versión de la guerra moderna: la guerra interna, la guerra civil.

Juicios como los que transcurrieron en Chile y en Argentina contra sus antiguas dictaduras podrían haberse desarrollado de manera menos ominosa bajo este nuevo concepto. O gobiernos como el de México y el de Colombia, que han emprendido guerras contra el crimen organizado, podrían ser hallados culpables, por las víctimas de sus efectos colaterales, de haber emprendido guerras ilegales. Lo más paradójico de la guerra sería entonces, como decía Epicteto, que es el único abismo efectivamente universal.