La cerrazón del gobierno federal para dar a conocer grabaciones y documentos sobre la licitación 21 evidencian las irregularidades y discrecionalidad con la que manejó el proceso, al tiempo que demuestra que le urge dar el portazo al caso para evitar, en la medida de lo posible y al menor costo político, que sea tema recurrente en las campañas electorales, aseveró Ramiro Tovar, investigador en telecomunicaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Esa es la misma razón, dijo, por la que cayó Juan Molinar Horcasitas como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y ello explica también las declaraciones de su sucesor, Dionisio Pérez-Jacome, de que la licitación 21 es un asunto concluido.

Pero una cosa es que el gobierno federal así lo quiera, para navegar en el silencio hasta que termine el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y otra que aún quedan frentes abiertos contra el cuestionado proceso en el que se entregó a Nextel una concesión para explotar 30 megahercios del espectro radioeléctrico, tanto en el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) como en los juzgados judiciales donde Grupo Salinas ha interpuesto 60 demandas.

“Si en estos momentos se supieran los detalles del manejo que se dio en la licitación 21 eso serviría como combustible para los tiempos electorales, por eso es que el nuevo secretario prefiere tomar distancia, cerrar la puerta y decir ‘esto ya no quiero ni verlo’. Las autoridades asumen una jugada defensiva y sólo darán la información que puedan dar, lo indispensable, pero en sí darán el portazo y no sacar los esqueletos del closet”, comentó el especialista, en entrevista.

Si bien consideró que con dicha cerrazón queda en duda la transparencia del proceso, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la SCT prefieren eso ya que implica el menor costo político.

Señaló que la licitación 21 ha sido una herida para el Ejecutivo federal porque no hubo beneficio a las telecomunicaciones como se pregonó en el discurso oficial, incluso señaló que con todas las irregularidades del proceso ni siquiera se brindó certeza jurídica a Nextel, porque una vez que entregó el título de concesión de plano lo deja solo y se lava las manos.

Según el investigador, Pérez-Jácome tiene como encomienda darle el último jalón al Programa Nacional de Infraestructura (PNI) en lugar de las telecomunicaciones.

Advirtió que aun cuando Televisa haya disuelto su sociedad con Nextel no puede desecharse que persiste el interés de realizar un intercambio de favores de la televisora con el gobierno, aunque sea con otras monedas de cambio.

En un escenario de tiempos electorales se puede manejar cualquier cosa, quizá una mayor apertura en televisión abierta resulte más valiosa que la licitación 21 porque ésta ya era muy explosiva y no tan redituable. Así que aunque haya salido del proceso, no quiere decir que no busque otro intercambio de favores en otro ámbito, indicó.