El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, aclaró que la recomendación que emitió al gobierno de la ciudad por el conflicto de la supervía poniente no pretende la cancelación definitiva de la obra, sino la reparación de los derechos vulnerados a los vecinos que se oponen a la vialidad de peaje.

“Lo que nosotros decimos es: ‘gobierno de la ciudad te saltaste este punto (realizar la consulta pública) que era fundamental para evitar el conflicto social, lo que te estamos recomendando es detén la obra mientras resuelves esa situación, y si decides continuarla, entonces explícanos claramente cómo vas a mitigar los impactos y qué efectos tendrá’”, dijo en entrevista radiofónica.

Espera argumentaciones

Sobre las declaraciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, González Placencia dijo que lo que ha planteado el Ejecutivo local es que no tiene posibilidades jurídicas para suspender los trabajos, lo que significa que aparentemente no es tema de voluntad del gobierno.

Sin embargo, añadió el ombudsman capitalino, la autoridad deberá justificar los motivos por los cuales no puede suspender la obra, si así lo hace y nosotros consideramos que esa fundamentación y motivación es suficiente, no podemos ir más allá de lo que la ley dice.

Al referirse a los vecinos que apoyan la construcción de la vialidad, manifestó que coincide con ellos en el sentido de que hace falta una obra que conecte a Santa Fe con el sur de la capital, de hecho pensamos que es necesaria, pero, subrayó, lo que no puede suceder es que para cubrir esa necesidad no se cumplan algunos aspectos mínimos que tienen que ver con los derechos de las personas.

El primer punto de la recomendación 1/2011 que emitió el jueves, la CDHDF solicita la suspensión de la obra en tanto se lleve a cabo una consulta pública, a fin de garantizar una participación amplia y plural en la que se recojan las preocupaciones, opiniones y propuestas de las personas afectadas por la vialidad.

Juicios y perjuicios

Por su parte, Marcelo Ebrard reiteró su negativa a detener los trabajos, porque ello generaría daños muy grandes, se tendrían juicios y perjuicios tanto para su administración como para quienes serán los futuros usuarios.

El jefe del Gobierno del DF explicó que luego de analizar detalladamente el punto de la recomendación que se refiere a la suspensión de la obra, se concluyó que no podríamos hacerlo, nadie está obligado a lo imposible, porque legalmente ya es una obra en construcción, hay una concesión dada. Entonces, no podríamos legalmente aceptar eso, aunque fuera la voluntad del gobierno de la ciudad no se podría hacer.

Ebrard señaló que se revisa el resto del documento para darle a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal una respuesta lo más sensata y que pueda satisfacer lo que es el espíritu de esta recomendación.

Adelantó que en los próximos días buscará establecer un diálogo con el ombudsman capitalino para tratar de atender otros de los puntos de la recomendación.