La diputada federal Leticia Quezada y su homóloga de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Beatriz Rojas presentaron ayer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las autoridades del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, porque desecharon realizar una investigación para determinar si procede declarar alerta de género en el estado de México ante los 922 feminicidios documentados en seis años.

Las legisladoras perredistas demandaron además la intervención de la CNDH para que indague la situación de violencia contra la mujer en esa entidad, ya que “la comisión de derechos humanos mexiquense está actuando como palera del gobernador Enrique Peña Nieto, debido a que no quiere investigar los feminicidios documentados”.

Entrevistadas afuera de la CNDH, Quezada y Rojas precisaron que “no se trata de un asunto político contra Peña Nieto; este es un caso de derechos humanos. En la queja documentamos todos los puntos de acuerdo que se han presentado en la Cámara de Diputados desde hace varios años, en los que se solicita que se indague la violencia de género y los feminicidios”.

Subrayaron que en la queja contra las autoridades de dicho organismo solicitan a la CNDH que investigue cómo se dio la votación, quiénes sufragaron en contra de que se indague la posibilidad de emitir la alerta y qué argumentos esgrimieron, así como los de quienes la apoyaron, porque sólo sabemos que con 20 votos en contra, 11 en favor y dos abstenciones se decidió no investigar.

En su queja, las diputadas sostienen que de 2005 a la fecha, en el estado de México se tienen documentados 922 homicidios contra mujeres. Resaltan que están siendo asesinadas con altos grados de violencia. El 60.6 por ciento muere por traumatismo craneoencefálico, heridas punzo-cortantes y por uso excesivo de la fuerza.

Detallan que 54 por ciento de dichos homicidios se concentran en 10 municipios: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli, donde cerca de la mitad de las víctimas tenían entre 11 y 30 años cuando fueron privadas de la vida.

Precisan que la edad promedio de las que padecen violación sexual es de 26 años. Lo anterior se desprende de 4 mil 773 denuncias presentadas solamente de 2009 a julio de 2010, cifra que puede ser más alta debido a los subregistros. Además, en esa entidad existe un patrón sistemático de agresión contra el sector femenino, el cual no está siendo debidamente atendido por las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia.

Ante esta situación, las legisladoras demandan que se realice la investigación debida y con diligencia y oportunidad se emita la recomendación que corresponda, con el propósito de determinar la responsabilidad per se del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y de sus integrantes en lo particular, por la inobservancia de las obligaciones generales y específicas.

Por su parte, la diputada federal perredista Lizbeth García Coronado exigió a Peña Nieto que en su último año de gestión se enfoque a resolver los asuntos del estado y deje de andar apoyando candidatos de su partido en otras entidades, tras insistir en que son 922 las mujeres que han sido asesinadas en esa entidad.

“El gobernador dice que hablar de los feminicidios se ha vuelto un tema político, que se busca hacerle daño en este momento electoral, pero eso no es cierto. En su momento esta situación fue denunciada y nunca puso atención; no es un tema nuevo”.