Diversas organizaciones sociales realizaron ayer una misa en recuerdo de los trabajadores fallecidos el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, y denunciaron la muerte de un minero más en la misma zona carbonífera del norte de Coahuila, que motivó 14 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A las afueras de la sede comercial de la compañía Grupo México, propiedad de Germán Larrea, un grupo de activistas se reunió para denunciar la impunidad en que todavía se encuentran los responsables del accidente en Pasta de Conchos, y exigir que se cumplan los estándares de seguridad en las minas, para evitar nuevas muertes.

Tras un minuto de silencio por los defensores de derechos humanos que han sido agredidos –en particular Marisela Escobedo y Susana Chávez–, y uno de aplausos en apoyo al obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, el sacerdote jesuita Carlos Rodríguez inició una misa que sirvió como foro para expresar el descontento por la precariedad en que viven los mineros.

Durante el acto se dio a conocer que Juan Ramón Flores Juárez, de 23 años, murió el 11 de septiembre de 2009 mientras trabajaba en un pocito de la compañía Ferber, en el municipio coahuilense de San Juan de Sabinas, donde no había condiciones suficientes de seguridad, caso que fue llevado ante la CNDH.

Luego de 13 meses de investigación, dicho organismo emitió su recomendación 085/2010, en la cual asentó que existieron violaciones a los derechos humanos, a la legalidad y a la seguridad jurídica de Juan Ramón Flores y los demás trabajadores de la mina Ferber [...], atribuibles a servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Secretaría de Economía (SE).

Un mes antes de la muerte de Flores, la STPS había exigido parar la explotación de la mina, pero los dueños de ésta ignoraron la orden y obligaron a los trabajadores a seguir laborando. Además, se comprobó que el usufructo de dicho centro ni siquiera había sido reportado a la SE desde 2006, señaló la organización Familia Pasta de Conchos mediante un comunicado de prensa.

Como resultado de todo ello, la CNDH emitió nueve recomendaciones a la Secretaría del Trabajo y cinco a la de Economía, en las que les ordena indemnizar por los daños a los familiares de los mineros, implementar medidas eficaces para mejorar las condiciones de salud, higiene y seguridad en las minas, y combatir la explotación ilegal de éstas.

El empuje y la decisión de las familias de los mineros del carbón, ahora organizadas, han lanzado un reclamo internacional. Y es penoso que las organizaciones de derechos humanos sí les hayan hecho caso, y se esté exhibiendo al gobierno mexicano por crear vacío en sus garantías laborales, afirmó Rodríguez, también integrante del Centro de Reflexión y Acción Laboral.

A casi cinco años del accidente en Pasta de Conchos, es indignante y preocupante que la SE no sepa qué pasa con los bienes de la nación, que están en manos de empresas clandestinas ilegales. Lo que sí ha cambiado es la conciencia de los mineros, y esperamos que eso pueda progresar, apuntó.