esde el comienzo del año la atención política mundial se ha centrado en Túnez y, por similitud, en otras repúblicas y reinos norafricanos y de otros entornos en los que parecen existir situaciones y pueden ocurrir acontecimientos parecidos. El segundo decenio –los años diez– se ha iniciado con insurrecciones populares contra gobiernos que a una larga cadena de agravios históricos han querido agregar políticas de manejo de la crisis orientadas a mantener o restaurar el statu quo ante: desigualdad, autoritarismo, corrupción y privilegio. En Túnez, a partir de un acto extremo de protesta individual –la inmolación de un joven profesional cercado por el desempleo y la desesperanza– se inició una insurrección popular pluriclasista que, apoyada en los medios electrónicos de comunicación y contacto, echó del poder a un régimen que intentó en vano reprimir, resucitar viejas promesas y proceder a cambios cosméticos, para terminar viéndose enfrentado a su inviabilidad histórica, tras un cuarto de siglo de dominio absoluto. El ejército, al negarse a llevar demasiado lejos la represión, fue determinante de este primer desenlace. Parece que se ha abierto la puerta a una salida transformadora que no será sencillo estructurar y llevar a la práctica para el próximo verano, como muestran los acontecimientos de la primera semana tras la fuga del déspota. En realidad, no es desdeñable la posibilidad de que los validos del antiguo régimen terminen manteniendo su dominio, en forma directa o a través de opositores acomodaticios.

Más allá de los hechos, que han sido difundidos con amplitud, importa escudriñar las situaciones y acciones que condujeron a ese esperanzador primer desenlace allí y la medida en que condiciones objetivas similares existen en otros países; la medida en que las salidas convencionales que se están buscando a las tensiones y desajustes traídos por la Gran Recesión pueden desembocar –tras las revoluciones de colores ocurridas en algunos países del antiguo socialismo real y las protestas, acotadas pero significativas, contra las políticas de ajuste y austeridad en la periferia europea– en una cadena de insurrecciones.

Me apoyo en el más ilustrativo análisis que he leído al respecto: La revuelta de los descamisados, de Sami Naïr, aparecido el sábado último en El País, que la sitúa no sólo en Túnez, sino en el Magreb, donde jóvenes inconformes sostienen las mismas reivindicaciones: quieren trabajo, alojamientos, oportunidades de movilidad social que se correspondan con sus cualificaciones, a la vez que la libertad de poder expresarse sobre la situación en sus propios países. Enseguida resume: las clases medias surgidas en el siglo pasado y consolidadas en su último cuarto están en retroceso. La mayoría de los nacidos en los años 90 se halla ahora en la imposibilidad de acceder al mercado de trabajo y, por tanto, a una mínima integración socio-profesional. A pesar de la erosión y el empobrecimiento de los últimos años, las clases medias ya se benefician de un puesto, aunque sea precario, dentro del sistema social, mientras que a unos jóvenes diplomados y preparados para entrar al mercado laboral se les niega incluso la situación de precariedad. Hay que preguntarse cuántos otros países se encuentran, mutatis mutandis, en esta situación.

En un plano más amplio, “la economía de estos países, dividida tradicionalmente entre un sector más o menos legal (en el que la corrupción, el enchufismo y el nepotismo son mayoritarios al lado de una delgada red de legalidad administrativa) y un vasto campo de marginalidad donde las clases pobres y populares van tirando gracias a actividades generalmente informales o regulares pero muy mal remuneradas, se ha hecho ahora insoportable…” De nueva cuenta, más allá de diferencias de grado, cuántos otros países proyectan imágenes no idénticas pero semejantes e intentan seguir adelante, imponiendo nuevas cargas al segmento desprotegido para acrecentar los privilegios del dominante.

Todos los análisis de la insurrección tunecina de 2011 señalan la corrupción como una de sus principales causas. En el caso de Túnez se han señalado curiosidades picarescas para las que se antoja difícil encontrar equivalente en otras latitudes. También en El País (15/1/11), Francis Ghilès describe algunas de ellas: La rapacidad de la familia de la segunda mujer de Ben Alí, Leila Trabelsi, ha sido durante años la comidilla de cualquier cena elegante en Túnez. Su apellido era la llave mágica que daba acceso a jugosos contratos, a propiedades, a empleos e influencia. Una de las apreciaciones de la diplomacia estadunidense, conocida gracias a Wikileaks, señala que el gobierno tunecino, ahora derribado, era una cuasi-mafia. ¿Cómo pensar en algo similar, por ejemplo, en algún país de Norteamérica?

En 2010, el registro de Túnez en el Índice de Percepción de la Corrupción, actualizado cada año por Transparencia Internacional y accesible en su página web, fue de 4.3 puntos (en una escala en que cero corresponde a la mayor corrupción y 10 a la transparencia total) y su posición fue la 59 (en 190). En 2000 la situación era mejor, con un índice de 5.2 y el lugar 32 de 90 países. Los índices facilitan la comparación. Hagámoslo con México. En 2000, con un índice de 3.3, le correspondió la posición 59 y en 2010 el índice se situó en 3.1 y su posición fue la 98. En el decenio, Túnez se acercó en 9 décimas de punto a la corrupción absoluta y estuvo en el cuarto decil en materia de transparencia; México avanzó sólo dos décimas y siguió en el sexto decil. Para seguirnos consolando, diríamos que empeoramos menos que los tunecinos. Éstos decidieron dejar de consolarse.

Poste restante. Tengo la impresión de que los tres negocios que más se publicitan en los noticiarios de radio que escucho, y quizá también en los de televisión, que no veo, son los siguientes: a) Gobierno federal; b) Senado de la República y Cámara de Diputados, y c) Poder Judicial de la Federación. Los tres venden el mismo artículo: la ilusión de que México es, gracias a ellos, un país en que todo funciona y funciona bien. No lo he comprado.