La Procuraduría General de la República (PGR) actuó jurídicamente contra dos presuntos operadores de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, identificados como Rosa Icela Ponce Valencia y Marco Antonio Paredes Machado.

Ponce Valencia quedó bajo arraigo 40 días mientras concluye la investigación en su contra; las autoridades la identificaron como operadora financiera dedicada al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.

En tanto, el Ministerio Público Federal (MPF) considera a Paredes Machado operador de Guzmán Loera en el estado de Sonora, además de que existe una orden de detención provisional con fines de extradición del gobierno de Estados Unidos, por lo que fue puesto a disposición de un juez para que dé inicio al proceso de extradición.

De acuerdo con la información difundida por la PGR, el MPF “adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada solicitó y obtuvo de un juez federal penal la medida cautelar de arraigo por 40 días contra Rosa Icela Ponce Valencia.

La inculpada es considerada probable responsable de la comisión de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que fue internada en el Centro de Investigaciones Federales con la finalidad de recabar mayores elementos de prueba que permitan perfeccionar la indagatoria que se integra en su contra.

En tanto, después de rendir declaración ministerial, se cumplimentó la orden de detención con fines de extradición girada por un juzgado de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal contra Paredes Machado, quien fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, Altiplano, en el estado de México.

Lo anterior, debido a que el gobierno de Estados Unidos lo solicitó porque existe una orden de aprehensión librada por la corte federal de distrito en Michigan, por asociación delictuosa para distribuir más de mil kilogramos de mariguana.

Según la PGR, esa institución tiene indicios de que Ponce Valencia y Paredes Machado realizaron operaciones con recursos provenientes presuntamente de delitos de contra la salud.