Chihuahua, Chih., 18 de enero. Un indígena tarahumara declarado inocente por un tribunal oral pasó dos años encarcelado en la penitenciaria estatal debido a que su expediente se extravió en el sistema judicial de Chihuahua.

Jorge Modesto Cruz, de 22 años de edad, fue liberado el 14 de enero, después de purgar 24 meses de prisión. Sus delitos fueron no hablar español y encontrarse en el lugar y el momento equivocados: en medio de una enfrentamiento entre el Ejército Mexicano y presuntos delincuentes el 2 de noviembre de 2008 en el municipio de Janos, en el noroeste del estado, casi en la frontera con Estados Unidos.

Ese día Jorge Modesto caminaba por la carretera que va al rancho Virginia, donde trabajaba de peón. Pidió aventón a una camioneta pick-up cuyos tripulantes le permitieron subir en la parte trasera.

Kilómetros adelante, quedó atrapado en medio de una balacera y lo hirieron en ambas piernas. Cuando intentó huir, unos soldados lo golpearon y perdió el conocimiento. Horas después despertó en la enfermería de la cárcel municipal de Nuevo Casas Grandes. Nadie le entendió cuando intentó hablar. Lo acusaron de homicidio y lesiones, pero él no lo supo entonces.

Debido a sus heridas, el director del reclusorio solicitó a la Dirección de Penas y Medidas de Seguridad –dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, hoy Fiscalía General del Estado– el traslado del preso a la penitenciaria estatal, para que lo atendieran en el hospital de la prisión. El 10 de noviembre de 2008 fue enviado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Aquiles Serdán. Allí se perdió su expediente, en los laberintos de la burocracia del sistema penal chihuahuense.

Nunca tuvo asistencia de un defensor de oficio, tampoco de un traductor que le explicara en rarámuri las acusaciones en su contra.

Jorge Modesto, originario de Rancho Cahuiraré, en el municipio serrano de Bocoyna, no se enteró de que un tribunal oral en Nuevo Casas Grandes emitió una sentencia en su favor, que desechó dictar medidas cautelares y enviarlo a prisión por la muerte de los civiles Conrado González González y lesiones en contra de Ismael González Barrera y Rubén González Jerónimo, todos participantes en la balacera.

El fallo fue confirmado en segunda instancia el 13 de marzo de 2009 y se ordenó su libertad, la cual obtuvo apenas el viernes anterior, cuando las abogadas Guadalupe Gándara y Alma Angélica González, de la delegación estatal de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, concluyeron trámites para su excarcelación después de descubrir que estaba preso a pesar de ser inocente.

Asesorado por las litigantes, el rarámuri presentó el 17 de enero una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la cual demandó al gobierno de Chihuahua que repare el daño que le ocasionó al encarcelarlo injustamente dos años, en los que no percibió los mil 300 pesos semanales con los que ayudaba a sus padres.

Jorge Modesto teme volver a la cárcel por enfrentar a la autoridad. Llora ante la impotencia de no poder regresar de inmediato a la ranchería de sus padres. No tiene dinero para comer, menos para el pasaje de regreso a su tierra.

“Este es un error del sistema penal del estado, tan grave como el que absolvió al asesino de Rubí, la muchacha de Juárez que fue asesinada por su pareja –dijo Guadalupe Gándara–. El sistema de justicia oral no está dando garantías a los indígenas”, sostuvo.

Añadió que en los penales del estado hay 371 presos indígenas, la mayoría en las cárceles municipales de Guachochi, Guadalupe y Calvo, así como en el Cereso estatal de Aquiles Serdán.

Todos ellos son vulnerables ante el sistema de justicia. Se están revisando los casos. Puede haber otros como el de Jorge Modesto Cruz, insistió Gándara.