Cuernavaca, Mor., 16 de enero. La esposa de Ignacio Aguilar Rodríguez, civil que fue acribillado por elementos de la Secretaría de la Marina, lamentó que la dependencia no aceptara la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), asimismo, demandó al presidente Felipe Calderón que en los operativos contra el narcotráfico se proteja la integridad de las personas inocentes, para que no haya más familias llorando por la pérdida de sus seres queridos.

Andrea Martínez Jaimes manifestó llorando que ella y su familia van recibiendo injusticia tras injusticia de parte de las autoridades federales que encabeza Felipe Calderón.

“Nos destrozaron la vida con el asesinato de Nacho (la noche del 16 de diciembre de 2009), pero todavía siguen lastimándonos, nada nos va devolver la vida de él, pero yo quiero que se haga justicia, que se castigue a los que lo mataron. Esperaba que cuando menos ayudaran a sus hijos. El dinero, es cierto, no me lo va devolver, pero él trabajaba para mantenerlos y ellos (los marinos) acabaron con su vida”, expresó.

Igual como destrozaron el cuerpo de Ignacio Aguilar con balas calibre 223 y 762, mismas con las que mataron los de la Marina a Arturo Beltrán Leyva y a otros seis sicarios, así, dijo Andrea, nos siguen destrozando al no reconocer su error y daño que cometieron los elementos de la Secretaría de Marina.

La CNDH al menos, agregó, ha intentado hacer un poco de justicia, porque al principio los de la Marina y las autoridades civiles, federales y estatales decían que su marido era un sicario más.

Sin embargo, esa noche Ignacio Aguilar salió de su casa en su camioneta a entregar un pedido de tortillas para una taquería, pero fue ejecutado por marinos en las calles de 5 de Mayo, esquina con Estanislao Rojas, colonia Del Empleado, de esta ciudad (este punto está ubicado a 500 metros de los departamentos Altitude).

Aseguró que la indemnización que recomendó la CNDH, misma que rechazó la Secretaría de Marina, sería para la manutención y estudios de sus cuatro hijos que quedaron huérfanos.

El pequeño de siete años de edad cursa segundo año de primaria, dos adolescentes asisten a la secundaria (una de 14 y otra de 15) y otra más estudia la preparatoria (17 años).

Martínez Jaimes recordó que envió un escrito al presidente Calderón para exigir que en los operativos contra el narcotráfico se proteja a las personas inocentes y que los apoyara. Pasaron muchos meses y después me mandaron decir que la que me iba a apoyar iba a ser la Marina, pero ésta ni siquiera aceptó la recomendación, reclamó.

Yo creo que el gobierno se debe hacer responsable de sus errores, porque destruyeron una familia por no tomar las medidas que debieron adoptar, subrayó.

En cuanto a las autoridades estatales aseguró que el gobernador Marco Antonio Adame Castillo nunca la quiso recibir. No obstante, el Congreso local afirmó que le ayudó en los gastos funerarios.

Por su parte, la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Lucero Benítez Villaseñor, criticó que la Secretaría de Marina no aceptara la recomendación ni presentara los informes correspondientes que se le solicitaron.