Tijuana, BC, 16 de enero. La irregular instalación de la planta de gas natural licuado en playa Costa Azul, en Ensenada, desató un nuevo escándalo de corrupción en torno a la trasnacional Sempra Energy, que ya enfrenta un proceso de revisión de sus prácticas mercantiles en Estados Unidos.

Además de violar el Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del corredor costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (Cocotren) –publicado en noviembre de 2001–, Sempra no cumplió con dotar de una área de amortiguamiento (salvaguarda o seguridad) a la planta regasificadora. Aquella zona se debería destinar a garantizar la integridad de los asentamientos humanos que circundan los terrenos de la empresa.

En particular eso fue lo que develó la trama de complicidades y colusión entre la trasnacional y autoridades mexicanas con el fin de asentarse sin complicaciones en Baja California. En el proceso de adquisición de los predios para abrir la zona de amortiguamiento se valió de sus relaciones con el gobernador Eugenio Elorduy.

La compra ventajosa del total de tierras estuvo a punto de rendir los frutos deseados por Sempra, obligada a conjuntar el área requerida por la norma oficial mexicana, que establece una zona de exclusión de mil hectáreas y una de amortiguamiento de 3 mil. Tal obligatoriedad es similar a la adoptada en Australia, en atención al nivel de riesgo que implican las plantas regasificadoras.

Fallas en la estrategia

Sempra Energy se allegó de todos los medios posibles, dentro y fuera de la ley, para adquirir a bajo precio los terrenos aledaños al área de exclusión. La estrategia de compra se complicó cuando en acuerdo con las autoridades del gobierno de Eugenio Elorduy, despojó a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie de su propiedad al no llegar a un acuerdo económico.

El gobierno estatal y la trasnacional simularon una operación de compra del terreno que pertenece a Sánchez Ritchie. El gazapo de los autores de la trama del despojo se evidenció de inmediato: la señora Elodia Gómez Castañón, fallecida el 10 de octubre de 2004, autorizó la venta de su supuesta propiedad el 31 de enero de 2006, según lo certificó el notario número cinco en Ensenada, Diego Monsiváis Franco.

Tan pronto como se asentó la operación en el Registro Público de la Propiedad, la administración del Elorduy ordenó a la policía estatal el desalojo de Sánchez Ritchie –quien ahora se encuentra exiliado en San Diego–, sumando a su expediente una acusación por despojo en perjuicio de la fallecida Elodia Gómez Castañón.

Aquello fue denunciado por el ex contralor de Sempra Energy, Rodolfo Michelón, quien aceptó haber avalado en 2006 la entrega de un cheque por 8 mil 200 dólares para el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Baja California días antes del desalojo de Sánchez Ritchie.

El proceso legal por despojo contra el auténtico dueño de los terrenos pretendidos por Sempra comenzó en 2006, y tras cuatro años de diligencias, el juzgado cuarto penal en Ensenada concedió la razón a Sánchez Ritchie y ordenó la devolución inmediata a éste. Así también, el pasado 24 de mayo, el juez primero de lo penal declaró insubsistente la orden de aprehensión en su contra.

Desde entonces, Sánchez Ritchie se vio obligado a cambiar su residencia a San Diego, California, ante la persistencia de amenazas en su contra.

Una vez que Sempra Energy se vio obligada a restituir los terrenos a Sánchez Ritchie, el área de amortiguamiento de la planta regasificadora dejó de cumplir la norma mexicana y aun así continúa recibiendo y almacenando el gas proveniente de Indonesia, sin considerar los riesgos para los asentamientos humanos aledaños y la ecología de Costa Azul.

La trasnacional demuestra que su único interés radica en mantener los niveles de producción y con facilidad se escuda en el respaldo de autoridades y la legislación mexicana sobre el sector, que le garantiza su operación.

Así quedó de manifesto cuanco Darcel L. Hulse, presidente de Sempra NLG, señaló al recibir la noticia de la pérdida del juicio sobre el terreno despojado a Sánchez Ritchie: la propiedad fue adquirida por la empresa mucho tiempo después de que se obtuvieron los permisos para la terminal de gas licuado natural (de Costa Azul), y dicha propiedad no se requiere por ningún motivo para la operación de la misma.