vo Morales, a último momento y tras unas primeras vacilaciones, respondió a las movilizaciones que crecían anulando el aumentazo a los combustibles, largamente madurado aunque lanzado en forma abrupta y sin preparación ni preocupación por sus consecuencias sociales y políticas. Pero el gobierno insiste en que volverá a imponer un aumento, esta vez negociado (y seguramente más moderado). Hay pues una gran inquietud en la población, que siente que sobre su cabeza se cierne el peligro de una fuerte reducción de sus ingresos, y hay también crisis en el equipo gobernante. Sin embargo, la protesta contra los aumentos y contra la concepción capitalista tradicional de la economía sometida a las leyes del mercado y del Estado verticalista y decisionista que se refleja en la decisión de imponer esos aumentos a rajatabla no va más allá del No y de las acusaciones (erróneas) de aplicar, como antes, una política neoliberal. No se discute una alternativa concreta salvo, de modo muy general, la aplicación de la Constitución, que garantiza el carácter plurinacional del Estado y las autonomías. Sin embargo, dicha alternativa es política y económicamente factible.

Si las empresas petroleras, ante los bajos precios que obtienen en Bolivia, no invierten en la producción y en mejorar la distribución, es posible rescindirles los contratos pues la nación es propietaria de los bienes del subsuelo, y realizar una verdadera estatización del sector energético, reclutando expertos en otros países hermanos, mientras se forman cuadros bolivianos, y evitar el despilfarro y la corrupción mediante el control de los sindicatos y organizaciones sociales. La Constitución, además, establece que las autonomías indígenas y comunitarias deben ser forzosamente consultadas en todo lo que atañe al uso de los bienes naturales y sobre las políticas del Estado, que es plurinacional. Aunque la misma Constitución establezca que el régimen del país es unitario (por lo tanto, centralizado y verticalista), también da amplios márgenes a las autonomías, sobre todo indígenas y comunitarias, en contradicción con ese unitarismo de origen histórico liberal. Entonces, si el mismo vicepresidente habla de que el país marcha hacia un socialismo comunitario, ¿cómo es posible dejar de lado en las decisiones a las comunidades y organizaciones sociales, que son las que impusieron la Constitución y el actual gobierno y lo sostienen? ¿Cómo es posible confundir las críticas y protestas de los movimientos sociales y de izquierda y centroizquierda con las maniobras siempre golpistas de la derecha fascista, que busca sacar agua para su molino precisamente del repudio generalizado a la medida inconsulta adoptada por el gobierno? En Bolivia, mucho menos que en cualquier otro país, el gobierno no es el Estado sino apenas un órgano del mismo: el pueblo boliviano es protagonista de su destino y no piensa ceder ese protagonismo a Salvadores Iluminados ni a tecnócratas preocupados por las cuentas y no por el ingreso de la población, a cuyo servicio esas cuentas deben estar.

Es obvio que allí donde el Estado ha sido siempre debilísimo y prebendario, hay que reforzarlo. Que Bolivia no puede prescindir de sus relaciones con el mercado mundial y necesita inversiones extranjeras, que estén controladas y no sean dañinas. Que hay pendientes tareas de modernización, industrialización, desarrollo económico que habrá que pagar con el retraso del desarrollo humano y daños al ambiente. Pero ese verdadero impuesto que se paga por la descolonización y el atraso de siglos causado por los gobiernos oligárquicos y corruptos debe ser limitado y consentido, según la lógica política del proceso revolucionario y según la Constitución tan laboriosamente elaborada e impuesta. ¿Por qué no respetar las autonomías y hacer un censo de las necesidades, puestos de trabajo posibles y recursos disponibles o potenciales, promovido directamente por las organizaciones populares, campesinas, sindicatos, grupos de expertos en cada localidad, comunidad, región, y fijar por acuerdo popular las prioridades económicas (cuándo invertir, dónde invertir, en qué invertir)? ¿Por qué no establecer el presupuesto nacional sobre la base de esta participación y discusión colectiva, dirimiendo entre diversos proyectos, enseñando a pensar en escala nacional y no sólo regional, pero a partir de lo local, del territorio y de la democracia en éste? Si en la Constitución existe la figura del referéndum, ¿por qué no informar sobre las opciones técnicas y económicas que está estudiando el gobierno y apoyarse, antes de adoptarlas, en el consenso de las mayorías, aislando así y desenmascarando a la derecha y explicando las razones que podrían obligar a ser realistas si la relación de fuerzas local e internacional no es favorable? ¿Por qué no formar y educar en forma autonómica, alternativa?

La arrogancia y las decisiones autocráticas no construyen una base política sólida para nadie. La crítica, incluso la errónea o desproporcionada, debe ser escuchada para corregir lo que sea susceptible de ser corregido y convencer a quien no está convencido de la voluntad del equipo gobernante de avanzar con las mayorías y de su capacidad de hacerlo. Si se quiere socialismo, hay que construirlo con una educación política democrática colectiva en la práctica cotidiana Si se quiere mantener los restos de las comunidades y crear un espíritu comunitario y solidario, rompiendo con el corporativismo, los localismos, los intereses de grupo, hay que hacer participar a todos los explotados y oprimidos y todos los socialistas de Bolivia en un proceso que no puede ser monopolio de un pequeño grupo de mujeres y hombres delegados para gobernar, el cual está lejos de ser omnisciente e infalible. La democracia y la participación son la principal herramienta económica y política para la transformación de Bolivia y para equilibrar de la mejor manera posible (y de la única tolerable) la contradicción entre, por un lado, la necesidad de reforzar el Estado que la derecha quiere desguazar y de modernizar de modo capitalista un país que es capitalista dependiente y, por el otro lado, un proceso de liberación que tiene aspectos anticapitalistas y precapitalistas muy marcados. La democracia, por otra parte, limitará la extensión del consumismo, resultante inevitable de la urbanización de los indígenas, y permitirá encontrar modos alternativos de producir y de desarrollar consumos racionales y que no dañen el ambiente ni estén inducidos por la publicidad capitalista.