El costo económico de la inseguridad en México carece de una medición oficial pero diversas metodologías aplicadas por instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales lo ubican hasta en 15 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) anual del país, esto es, un billón 950 mil millones de pesos.

La violencia afecta el crecimiento de la economía mexicana porque aumenta los costos de producción, transacción y seguridad. Las empresas tienen que contratar seguros contra robos, cuyas primas han ido en ascenso, escoltas, equipos de radiolocalización para sus flotillas de transporte, entre otros, además de que reduce la acumulación de capital físico y humano y deteriora el entorno institucional.

Jorge Sicilia, economista en jefe para México y Estados Unidos de BBVA, en la presentación del Informe situación México, realizada a principios de noviembre del año pasado, comentó: Existe una percepción creciente de que la violencia puede estar suponiendo un freno al desempeño actual de la economía mexicana.

El reporte establece que de 2006 al cierre de 2010, el incremento de la inseguridad ha restado un punto porcentual cada año al crecimiento de la economía mexicana. En 2010, con un PIB calculado oficialmente en 13 billones 94 mil millones de pesos, un punto porcentual equivale a 130 mil 940 millones, a precios de 2010.

La Heritage Foundation cifra el costo económico de la inseguridad que prevalece en México, y de manera más acentuada en algunas regiones del territorio, es el equivalente a 1.2 por ciento del PIB porque además vulnera la libertad económica entendida como el derecho fundamental de todo ser humano a tener bajo su control sus obligaciones laborales y propiedades.

Para el Instituto Ciudadano de Estudios de la Inseguridad (Icesi), la inseguridad en México se debe segmentar en tres grandes componentes que son: el gasto en el sector público –federal, estatal y municipal–; el gasto privado –tanto de personas en lo individual o familiar como las empresas, incluyendo las gubernamentales–; y los costos indirectos.

El gasto público es el monto de la inversión gubernamental que se destina para atender el problema. Mientras que el gasto privado es entendido como el impacto que la inseguridad tiene sobre las personas físicas o morales que son víctimas de un delito sin soslayarse el que se genera cuando los delincuentes son capturados y pierden la oportunidad de tener una vida productiva en el mercado laboral.

El costo indirecto se refiere a las pérdidas económicas originadas por el temor de la gente a ser víctima de un delito que, por ejemplo, se manifiesta en una negativa a asistir al cine, teatro o a un restaurante por las noches; o, por otro lado, las que se producen por causa de un homicidio de una persona que cumplía un rol productivo en la población.

La suma de estos tres factores arroja que en 2007, de acuerdo con el Icesi, el costo de la inseguridad se elevó a 826 mil 400 millones de pesos, que representaron 7.4 por ciento del PIB de ese año y equivalen a 36.6 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para 2008, el costo ascendió a 952 mil millones de pesos, 7.9 por ciento del PIB y 37.1 del Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año.

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el costo de la inseguridad en México se calcula en 14.8 por ciento del PIB, equivalente a unos 130 mil millones de dólares a precios de 2006.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CESSP) afirma que, según instituciones nacionales e internacionales, el costo de la inseguridad en México sobrepasa 15 por ciento del PIB, lo que para efectos comparativos significa que dicha problemática genera costos que equivalen a más del doble de lo que el país gasta en educación en un año.