Poder, miseria y gran turismo:

Privatización y despojo de la Bahía de Tenacatita

FOTO: Ernesto Bolado

Aura Helena Ramírez Corona

Detrás del esplendor, la contemplación y la visión edénica con que suele asociarse al turismo, más allá del encanto físico de un lugar (…) suele también ocultarse la vida social diaria, laboral, política de los pueblos, hombres y mujeres que habitan y trabajan las tierras y aguas en que se desarrollan tales actividades turísticas.
Luis Ramírez Sevilla. Fuego en el paraíso, 1992

Apartir de la reforma en 1992 al artículo 27 constitucional, y de manera mucho más notoria en las dos administraciones recientes, hemos visto cómo se intensifica un gran número de disputas por las tierras y los territorios costeros del país, en función del gran impulso que se da al turismo exclusivo o de gran lujo, como estrategia principal para el crecimiento económico de algunas zonas del país.

Es este el caso de cientos de hombres, mujeres y niños de El Rebalsito de Apazulco, que, a su manera, durante 18 años resistieron los continuos embates del capital turístico, hasta que el 4 de agosto de 2010 fueron desalojados y despojados de todo aquello que formaba parte de su vida junto al mar, en la hermosa Bahía de Tenacatita, en la costa sur de Jalisco. Bajo la orden del juez civil de primera instancia de Autlán de Navarro, la policía estatal echó fuera a todo aquel que se encontraba en la bahía para poner el predio conocido como El Palmar de Tenacatita a disposición de su legítimo dueño: el empresario y presidente de la Expo Guadalajara, José María Andrés Villalobos.

A todas luces el hecho fue ilegal, pues la orden no implicaba a la bahía, sino al predio colindante con ella, y vino a coronar una serie de intentos fallidos que el empresario había emprendido desde 1992 para persuadir a la población local de abandonar las actividades relacionadas con la pesca ribereña y el turismo regional de bajos recursos.

Con anterioridad y en repetidas ocasiones, pescadores y restauranteros tuvieron que reconstruir sus espacios de trabajo tras ser quemados o parcialmente destruidos por grupos enviados por el empresario; posteriormente, en 2006, fueron acusados de despojo y sometidos a una estrategia de desgaste físico, emocional y económico constante, que hasta la fecha continúa, y por último, el 4 de agosto tras ser desalojados, se encontraron con una malla ciclónica que cerró el paso a la bahía, en cuya entrada se apostó la policía estatal.

A partir de esa noche, la vida de la comunidad entera se transformó radicalmente. La de por sí ardua vida en la costa recrudeció su miseria, y diversas formas de dominación y sometimiento fueron puestas en práctica desde diferentes esferas del poder, con el fin de garantizar el despojo de los territorios costeros del ejido en beneficio no sólo de los de grandes capitales turísticos, sino del grupo caciquil local. De modo que este último, tras ejercer el poder de forma arbitraria durante más de 50 años, ha comenzado a simular el papel de canalizador de las demandas de la población afectada, al mismo tiempo que siembra un ambiente de sospecha entre la misma.

Por su parte, el gobierno municipal repentinamente otorgó créditos a fondo perdido para proyectos productivos que no estuvieran relacionados con la pesca o la agricultura, lo que causó conflicto y división entre la gente, que se encontraba ansiosa por regresar a sus actividades en la playa, pero debatiéndose entre sobrevivir y dejar de hacerlo. El gobernador del estado, Emilio González Márquez, respaldó públicamente las acciones de la policía estatal a favor del empresario y se negó a entablar el diálogo con la población afectada.

Como se puede ver, las causas de que la disputa de la comunidad frente al avasallante poder del capital turístico se esté dando en un contexto totalmente favorable a este último –y donde los afectados, acostumbrados a un régimen caciquil, no contemplan más acciones de defensa que las gestiones que puedan realizar los líderes de organizaciones como la Confederación Nacional Campesina–, no se derivan sólo del poder de una persona para imponer su voluntad sobre los intereses de una comunidad de un día para otro, sino que son profundas y complejas, se enredan en las redes de poder local, regional, estatal y nacional.

Estudiante de la maestría en desarrollo rural UAX- Xochimilco

FOTO: El vía crucis

Turismo sin sostenibilidad en el noroeste costero

Gabriel Hernández García*
y Adriana Rodríguez Cabo Doria**

Un fantasma recorre las comunidades de pescadores ribereños asentadas en las zonas litorales del país. Es el fantasma del “desarrollo”. A veces bajo la forma de unidades intensivas de producción acuícola (como las granjas camaronícolas); en ocasiones, como complejos turísticos de élite destinados fundamentalmente a satisfacer el imaginario y las necesidades de consumo de los visitantes internacionales.

Invariablemente, este tipo de fantasmas niegan las formas de vida ribereñas. No sólo las humanas, sino las de complejos ecosistémicos que tienen como fundamento lagunas costeras, bahías, deltas, esteros, manglares, etcétera.

Por su cercanía con estados como California y Arizona, las costas del noroeste ubicadas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit se han convertido en los destinos privilegiados del turismo estadounidense: Cabo San Lucas, Puerto Peñasco, Bahía de Kino, Guaymas-San Carlos y Mazatlán, entre otros. Poco o nada importa que muchos de estos destinos sean parte de o colinden con ejidos y comunidades agrarias, territorios indígenas, Áreas Naturales Protegidas o Reservas de la Biósfera, lo que implicaría regular e incluso prohibir actividades turísticas de mediano y alto impacto ambiental.

Uno de los espacios costeros que recientemente se convirtió en objeto de deseo del capital nacional y trasnacional es el humedal Marismas Nacionales. Es precisamente dentro de sus límites donde se está imponiendo la creación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa Pacífico, desarrollado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Sinaloa. Se ubica a cien kilómetros al sur de Mazatlán, en el municipio de Escuinapa. Está distribuido a lo largo de 12 kilómetros de frente de playa en el Mar de Cortés. Ha sido definido como “un destino de alto nivel”, con una superficie total de dos mil 381 hectáreas (el doble de Cancún). Siendo Marismas Nacionales una de las zonas del país con un importante grado de conservación de humedales de mangle, la creación de este centro representa una amenaza directa para la reproducción de especies de escama y sobre todo de camarón, que constituyen el fundamento económico de las comunidades ribereñas aledañas. La infraestructura turística que forma parte del proyecto ejercerá un importante efecto negativo en el proceso de salinización de los suelos, en la escasez de agua dulce y en la erosión de la barra arenosa de playa. Ya se visualiza una serie de marinas, campos de golf, pistas artificiales de esquí acuático, un malecón, plazas públicas, senderos turísticos, áreas comerciales, clubes de playa, hoteles, villas residenciales y condominios que le darán a Escuinapa la fisonomía de un nuevo Cancún. Un neoparaíso para el turismo y un reluciente escenario de despojo territorial, polarización social y creación de periféricos cinturones de miseria.

Despojo y extinción de una forma de vida y de un modo no capitalista de uso de los recursos naturales que a cambio sólo promete para los pescadores y agricultores locales trabajo estacional con salario mínimo para “servir” al turismo trasnacional.

Este proyecto ya ha empezado a generar reacciones de rechazo entre los pescadores y campesinos que verán afectadas tanto sus actividades económicas como la vida de sus familias y de su comunidad. Además, manifiestan la preocupación de que se conecte el CIP a la red de agua potable que reciben las comunidades desde el Río Baluarte y, por otro lado, de que se emplee el agua del manto freático conocido como Laguna Agua Grande para la operación de la infraestructura turística. Esto colocaría en una situación de crisis terminal a la producción agrícola de riego que depende de dicho acuífero y que es apenas suficiente para cubrir las necesidades actuales de los productores.

Frente al despojo de recursos y a la imposición de modelos ecocidas y etnocidas de desarrollo, la oposición social crece con un lento proceso de acumulación de fuerzas. Este proceso obligará al Estado a reconocer como interlocutores legítimos no sólo a los inversionistas privados sino a los actores sociales que apuestan por la defensa colectiva de la vida humana y no humana.

Para mayor información, consúltese: www.miopinióncuenta.org.mx

*INAH/UAM-X/CEDICAR
**Maestría en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Sinaloa