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Guerrero

El proyecto hidroeléctrico La Parota

Alejandra Toscana Aparicio

El proyecto hidroeléctrico La Parota, ubicado en la cuenca del río Papagayo, en territorio de los municipios Acapulco, San Marcos, Juan R. Escudero y Tecoanapa, del estado de Guerrero, fue vislumbrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a principios de los 70s para la generación de energía eléctrica y desde entonces se comenzaron a hacer los estudios de viabilidad. Pero fue apenas a principios del siglo XXI cuando la construcción de la presa se replanteó y se anunció como uno de los megaproyectos –fallidos– del sexenio de Vicente Fox (2000-2006); ello motivó un conflicto entre el Estado en sus diferentes niveles y las comunidades afectadas directa e indirectamente por la presa, las cuales han logrado detener su construcción.

El gobierno federal, por medio de la CFE, anunció el proyecto de La Parota como una oportunidad para generar desarrollo en uno de los estados que registran mayores niveles de pobreza en el país, como una obra con capacidad para abastecer de energía eléctrica a una amplia región. Sin embargo, los pobladores afectados no piensan igual: no se sienten parte de esa visión de desarrollo y no están dispuestos a perder su territorio ni el acceso al agua del río Papagayo. Además, existen evidencias a escala mundial de que las presas no han logrado generar un desarrollo local-regional equilibrado, sino que sólo han beneficiado a minorías locales y han servido a polos de desarrollo externos a las cuencas que las sustentan. Las consecuencias adversas ambientales (modificaciones a los sistemas hidrológicos y a los ecosistemas) y sociales (ruptura del tejido social, migración y desempleo) son mayores que los beneficios, motivo por el cual algunas presas se han desmantelado y sustituido por proyectos de menor escala con impactos menos drásticos para la población local.

La construcción de La Parota implicaría cambios en el uso y propiedad del suelo y reubicación de varias localidades asentadas en la cuenca del río Papagayo, pero además una profunda transformación a toda la cuenca que afectaría a otras comunidades, cuyas formas de vida están relacionadas con el entorno físico. No obstante, el gobierno federal ha insistido en la implementación de este megaproyecto, posiblemente porque es parte del Plan Puebla Panamá, ahora denominado Programa de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PIDM), que pretende “desarrollar” la región mesoamericana por medio de un “corredor” de inversión, en donde una obra como La Parota ofrecería la energía eléctrica necesaria para abastecer a la zona.

En las comunidades locales hay quienes se oponen al proyecto porque no comparten la visión del gobierno federal, y desde el 2003 se han organizado en el Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a La Parota (CECOP) para impedir la construcción de la presa. Los motivos del CECOP para oponerse son variados, entre ellos: el proyecto generaría más desigualdad social y exclusión socio territorial, ya que sólo beneficiaría a las grandes empresas nacionales y trasnacionales, mientras que la población local tendría que buscar nuevas formas de vida. Su construcción implicaría un despojo del territorio y la privación del derecho de la población al agua del río.

El CECOP considera que las acciones de la CFE son ilegales pues, argumentan, la empresa ha fomentado la celebración de asambleas comunales y ejidales fraudulentas que violan la Ley Agraria y el estado de derecho, en las que busca la aprobación popular del proyecto, y de manera paralela, amenaza de muerte y criminaliza a los opositores. También porque el proyecto implica cambios irreversibles en el sistema hidrológico y en los ecosistemas de la cuenca; porque el embalse se convertiría en una fuente de enfermedades transmitidas por vectores; y porque al ubicarse en una zona de alta sismicidad abre la posibilidad de grandes desastres socio ambientales. Además, según el CECOP, no existen estudios que busquen otras opciones para cubrir las necesidades de energía eléctrica y agua. Y por si fuera poco, existen antecedentes de la informalidad de la CFE, que juega en su contra: la CFE aún no ha indemnizado a algunos de los afectados por sus obras en tiempos pasados, y el precio que pretende pagar por los terrenos que se requieren para la construcción de la presa (70 centavos el metro cuadrado) no permite a la población seguir reproduciendo sus formas de vida.

En resumen, existe oposición al proyecto porque desde el 2002, cuando la CFE llegó al municipio de Acapulco para iniciar las obras, se han violado los derechos humanos de la población local. Por los motivos anteriores, el CECOP y otras organizaciones solidarias nacionales e internacionales exigen que se cancele en forma definitiva el proyecto y cesen los hostigamientos a sus opositores.

El caso del proyecto hidroeléctrico es un ejemplo de lo que David Harvey denomina “acumulación por desposesión” y de la confrontación entre lógicas diferentes, intereses y nociones de desarrollo. También ejemplifica el poder de la resistencia organizada que ha sido capaz de detener o retrasar megaproyectos que implican expropiaciones y despojo de bienes colectivos y recursos naturales.

FOTO: Scott / Soupshow

San Juan Copala:
estrategia de exterminio

Carmen Cariño Trujillo
y Armando Martínez Rosales

En contubernio, el gobierno mexicano, los grandes consorcios que monopolizan los medios de comunicación y las empresas en nuestro país convirtieron el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución en una marca registrada que vendieron hasta el hartazgo con jugosas ganancias económicas. Las celebraciones oficiales intentaron ocultar la realidad nacional: desempleo, empobrecimiento, violación sistemática de derechos humanos, militarización del país, inseguridad, corrupción, despojos territoriales a los pueblos indígenas y no indígenas y las cerca de 30 mil muertes de mexicanos y mexicanas en lo que va del sexenio calderonista.

Parte de esta cortina de humo tendida por el gobierno federal ocultó la represión sobre el municipio autónomo de San Juan Copala (MASJC) en la región triqui del estado de Oaxaca, cuya población permaneció más de diez meses bajo un cerco paramilitar que dejó como saldo cerca de 17 asesinatos, heridos, y cientos de desplazados triquis.

Entre los habitantes de Copala perdura el recuerdo del líder triqui Hilario Alonso Medina, (Hilarión) encabezando al pueblo triqui que se unió al ejército insurgente y luchó al lado de Morelos a su paso por la Mixteca durante el movimiento de Independencia. De la misma forma, y quizás aún más presentes, permanecen las historias del paso tardío de la Revolución Mexicana por la región. A pesar de ser protagonistas en ambos momentos históricos, al igual que otros pueblos indígenas, los triquis han sido discriminados, reprimidos y despojados de su territorio durante estos 200 años de Independencia y cien de Revolución. Sin embargo, de diversas formas y en distintos tiempos, el pueblo triqui siempre ha defendido su territorio y cultura.

En enero de 2007, diversas comunidades triquis, cansadas de los falsos liderazgos políticos, de la corrupción de los partidos políticos regionales y nacionales, y de los abusos de caciques de Juxtlahuaca y Putla (municipios mestizos que han ejercido históricamente su dominación sobre el pueblo triqui) hicieron pública su decisión de agruparse y conformar el MASJC con la intención de ejercer en los hechos su derecho a la libre determinación como pueblo indígena, sin la intervención de partidos políticos y fortaleciendo sus propios marcos jurídicos y de organización política. Sumaron así su experiencia autonómica a la de otros pueblos indígenas como las Juntas de Buen Gobierno zapatistas en Chiapas y la Policía Comunitaria en Guerrero.

La respuesta gubernamental ante esta nueva propuesta de lucha fue criminalizar y reprimir la autonomía. Por un lado, fabricando órdenes de aprehensión en contra de las autoridades autónomas; y por otro, con agresiones armadas a manos de grupos paramilitares que en abril de 2008 cobraron las primeras víctimas con el asesinato a Teresa Bautista y Felícitas Martínez, locutoras de La Voz que Rompe el Silencio, radio comunitaria del MASJC. A pesar de las abiertas agresiones en contra de la autonomía triqui, ésta trajo frutos palpables para las comunidades que la conforman, al establecer un territorio de paz, y al realizar obras públicas –como apertura de caminos y remodelación de escuelas y albergues escolares– proyectos educativos y de salud comunitaria, así como eventos culturales. Todo ello desde una perspectiva propia y de acuerdo con las necesidades que la autonomía planteó.

En noviembre de 2009, durante el proceso de asambleas comunitarias para elegir a sus nuevas autoridades autónomas, las comunidades del MASJC fueron sometidas a una agresión más abierta y directa a manos de paramilitartes que crearon un cerco alrededor de San Juan Copala, sede del MASJC, y lo sostuvieron por más de 10 meses, lo cual generó el desplazamiento forzoso de alrededor de 700 triquis y ocasionó la muerte de 17 personas , entre ellas los dos defensores de derechos humanos asesinados el 27 de abril de 2010: la mixteca Alberta Cariño y el finlandés Jyri Antero Jakkola. Hasta septiembre de 2010, la población resistió día y noche las balaceras y la privación de servicios elementales como agua potable, luz eléctrica, atención médica, educación y libre tránsito, sin que ninguna instancia gubernamental tomara cartas en el asunto y ante el silencio de gran parte de la sociedad.

Fuera de su comunidad los desplazados son todavía más vulnerables, al no ser reconocidos como tales por el Estado, pero tampoco por la mayoría de organismos de la sociedad civil, los cuales se han mantenido “neutrales” asumiendo también el discurso que considera como “conflicto de triquis” una estrategia de exterminio sobre el MASJC que intenta invisibilizar la mano del Estado detrás de los grupos paramilitares y a su vez niega la violación de los Principios Rectores establecidos por las Naciones Unidas para los casos de Desplazamientos internos. Sin embargo, desde el exilio, los triquis autónomos siguen resistiendo y denunciando su grave situación.

Así, en el marco de las celebraciones del bicentenario y centenario, las autoridades, tanto municipales y estatales como federales, negaron (y lo siguen haciendo) la existencia de dichos grupos paramilitares, que a la vista de todos sitiaron a un pueblo entero, violaron, secuestraron y asesinaron, alimentando la impunidad y generando las condiciones para la continuidad de la estrategia represiva contra la autonomía triqui. El pasado 28 de diciembre la PGR negó las órdenes de aprehensión contra los asesinos de Alberta Cariño y Jyri Jakkola, hecho que puso de manifiesto su negativa a impartir justicia y castigar a los asesinos.

Así, a 200 años de su conformación, el Estado mexicano continúa excluyendo y discriminando las formas propias de los pueblos indígenas para gobernarse aun cuando es signatario de leyes internacionales que lo obligan a reconocer las autonomías como formas de derecho colectivo de los pueblos. El caso del MASJC no es una excepción. Las acciones y omisiones de las autoridades de todo nivel generan la impunidad y el despojo del que han sido víctimas los impulsores de las autonomías a lo largo del país.

La pregunta que lanzamos es ¿qué podía celebrar el pueblo triqui del MASJC en el bicentenario y el centenario frente a la muerte de mujeres, hombres, niños y niñas triquis, y a la represión y el despojo de su territorio? ¿A qué tipo de justicia y libertad puede aspirar el pueblo triqui cuando Gabino Cué Monteagudo, nuevo gobernador de Oaxaca, se declaró admirador del dictador Porfirio Díaz y de la parte “no anarquista-progresista de los Flores Magón”, además de catalogar como “fuera de la ley” la autonomía triqui?