Buenos Aires, 14 de enero. En un nuevo allanamiento judicial a un establecimiento rural en la provincia de Buenos Aires se hallaron otras 96 personas en situación de esclavitud, que se añaden a la larga lista que ya suma más de 500 desde el pasado 30 de diciembre hasta ahora, encontradas en condiciones inhumanas y luego liberadas.

El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien investiga a las empresas Nidera y Status Ager SA por mantener a unos 200 trabajadores rurales en condiciones de esclavitud, como se descubrió recientemente, allanó la finca Doña Clementina, donde encontró a estas 96 personas hacinadas, sin luz ni agua, recibiendo comida como paga y que no podían comunicarse con sus familias ni salir del lugar de trabajo asignado.

El ministro de Justicia, Julio Alak, advirtió que no se permitirá que la trata de personas se convierta en epidemia, al anunciar el rescate de los trabajadores.

Agregó que el gobierno perseguirá a quienes por la fuerza, engaño o abuso de poder limiten el libre ejercicio de la voluntad de otras personas, y que la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata trabaja activamente, y que el número de liberados asciende ya a más de 500.

Sostuvo que la trata supone una violación de derechos humanos elementales que el gobierno nacional combate de modo decidido, con absolutamente todas las armas legales disponibles.

Entre el 30 de diciembre y el 4 de enero salió a la luz la dramática situación de trabajadores rurales, conocidos como golondrinas porque son temporales y viven en condiciones inhumanas.

El 7 de enero nuevos allanamientos de la justicia permitieron encontrar en las localidades de Ramallo y Arrecifes a otras 276 personas mayores y tres menores en condiciones de esclavitud.

Por su parte, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y la municipalidad de Ramallo informaron sobre otros 546 trabajadores en las mismas circunstancias en grandes empresas que trabajan en ese municipio.

A pesar de la gravedad de esta situación, las cuatro entidades patronales rurales nucleadas en la Mesa de Enlace, que se han enfrentado al gobierno actual desde principios de 2008 y reclaman no pagar impuestos por las millonarias exportaciones de soya, consideraron durante una reunión con los ministros que el tema de la esclavitud en el trabajo no debe formar parte de las conversaciones.

El Ministerio de Trabajo, que anunció que se está actuando para acabar con las contrataciones ilegales, advirtió que 59 por ciento de los trabajadores rurales están contratados en negro, sin prestaciones, sin fijar salarios y viven en condiciones inhumanas.

El tema plantea nuevas diferencias con esas entidades patronales, entre ellas la poderosa Sociedad Rural, cuyo líder Hugo Biolcatti amenaza con nuevos paros patronales, el primero entre el 17 y el 24 de enero próximo.

A pesar de los anuncios del Ministerio de Agricultura favorables a mayores exportaciones de trigo y el anuncio de nuevos beneficios para los pequeños y medianos productores agrarios, los dirigentes de la Mesa de Enlace cuestionaron al gobierno y regresaron a las amenazas.

Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Agrarias, sobre el tema de la esclavitud dijo que son peores las condiciones en que viven esas personas en sus provincias, lo que causó una serie de reacciones y protestas por organismos sociales y humanitarios.

El titular de Trabajo, Carlos Tomada, criticó un editorial del conservador diario La Nación, donde se dice que no es correcto hablar de esclavitud a pesar de lo que todo el país la ha visto en estos días, y además agrega que existe una contaminación política e ideológica en este tema.

Quieren naturalizar el trabajo esclavo, dijo el ministro y recordó que aún rige en la actividad rural la ley de la dictadura militar (1976-1983) que sí puso una clara connotación ideológica de ataque al derecho laboral. Además, mencionó que ha habido 30 años de degradación del empleo.

Pidió un diálogo urgente permanente a los empresarios agrícolas, para erradicar el trabajo en negro y las condiciones de servidumbre que la justicia está investigando en todo el país.