La Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) llamará a declarar a 10 funcionarios de la Oficialía Mayor de este órgano de gobierno para que aporten elementos de prueba o descargo en el marco de la investigación que realiza por el caso de la supuesta compra irregular de mobiliario.

La mayoría de los servidores públicos están adscritos a la Dirección y Subdirección de Adquisiciones, así como a los departamentos de Licitaciones y Contratos, a la de Cotizaciones y Pedidos, y habrían participado, de una u otra manera, en la compra de mobiliario y equipo que por un monto de 8 millones de pesos hizo la Oficialía Mayor, para asignarlos a las oficinas de los diputados locales de PRD, PAN, PRI, PVEM y PT.

De hecho, las comparecencias de los servidores públicos serían en la última parte de la investigación y auditoría que se aplica en esa área de la ALDF, que se inició luego de que la diputada del PAN Lía Limón denunció públicamente que se hizo esa compra no sólo con sobreprecios, sino bajo el esquema de asignación directa –y no de licitación–, a una empresa relacionada con el ramo de la fotografía.

Se prevé que para finales de este mes la Contraloría General presente a la Comisión de Gobierno de la Asamblea tanto los resultados de dichas indagaciones como las posibles sanciones a que se harían acreedores los presuntos responsables.

A la par, el presidente del Comité de Administración, Víctor Hugo Romo, hizo un llamado a los legisladores del PAN para que hagan a un lado las ocurrencias mediáticas sobre el caso y dejen que la Contraloría determine las responsabilidades.

Dijo que sin tener elementos legales los panistas están haciendo un linchamiento mediático a María de Lourdes Cedillo Rivas, a quien se le autorizó ampliar su licencia por 30 días más.