La Comisión Permanente del Congreso de la Unión autorizó ayer las comparecencias del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, para que expliquen las medidas de protección a migrantes centroamericanos. Dejó pendiente la del secretario de Gobernación, Francisco Blake, para el mismo tema.

Ayer, legisladores de PRI, PAN y PT sostuvieron un debate sobre las consecuencias de la política de México hacia esos migrantes y de la que, a su vez, aplica Estados Unidos contra los mexicanos indocumentados.

La Permanente aprobó también una condena a la agresión con arma de fuego que sufrió la congresista de Arizona, Gabrielle Giffords. El PAN atribuyó ese hecho a que Estados Unidos se ha convertido en un país sin tolerancia, en el que abundan el odio y el racismo.

El senador Ricardo Monreal Ávila (PT) reprochó que el Congreso no se pronunciara con la misma energía en contra del secuestro de migrantes en territorio mexicano y en repudio al océano de sangre que vive el país y la guerra unilateral del gobierno de Felipe Calderón, que ha dejado miles de muertos. Consideró que al condenar la agresión a Giffords, el Poder Legislativo corría el riesgo de convertirse en candil de la calle y oscuridad de la casa.

Cuestionó: ¿Quién ha levantado la voz por los 28 muertos, de ellos 15 decapitados, en Acapulco, Guerrero? ¿Quién levanta la voz por Susana Chávez o por Marisela Escobedo? ¿Qué voz oficial lamenta y exige frenar la masacre en el país? Hay protestas de la sociedad civil que no se escuchan en los muros de este Congreso.

También, durante la sesión, el presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), leyó un pronunciamiento para condenar el asesinato de Ramsés Barrón Torres, quien murió en la frontera entre México y Estados Unidos a causa de un balazo, que le perforó el pulmón, presuntamente disparado por un agente de la Patrulla Fronteriza.

Como a todo el país, este crimen nos impacienta, nos indigna y nos lacera, resaltó.

A nombre del Congreso, el priísta exigió esclarecer el asesinato y apremió al gobierno de Estados Unidos a juzgar al o los responsables con todo el peso de la ley.

Además, a ese crimen se suman los de Anastasio Hernández, quien murió tras ser torturado por agentes de la Patrulla Fronteriza, y Sergio Adrián Hernández, de 14 años, quien recibió una descarga letal.

Sostuvo que el Congreso también expresa su compromiso con los derechos humanos de extranjeros que pasan por México hacia Estados Unidos y afirmó que los legisladores trabajan para elevar la calidad de vida de la frontera norte, por la que pasa todo, pero en la que nada pasa.

Al presentar la propuesta sobre la agresión a Giffords, el diputado José Ramón Martel (PRI) afirmó que si bien las presiones económicas en el mundo han radicalizado las posturas sobre los fenómenos migratorios, ello no justifica actos criminales, y demandó al gobierno de Calderón reforzar la protección a los mexicanos en Estados Unidos.

Asimismo, la diputada Paz Quiñones (PAN) presentó un punto de acuerdo para solicitar que los gobiernos de los estados se coordinen con el federal para la protección de los migrantes de otros países, aun cuando en la Comisión de Población el blanquiazul mantiene congelada una iniciativa para que la Secretaría de Gobernación coordine con las entidades grupos de ayuda a indocumentados de Centro y Sudamérica.