El gobierno del estado de México llevó a cabo una nueva depuración de la cantidad de feminicidios documentados en la entidad durante la administración que encabeza Enrique Peña Nieto, y redujo de 944 a 468 los asesinatos de género perpetrados allí reconocidos oficialmente por la fiscalía especial en la materia hasta finales del año pasado, dio a conocer ayer el procurador estatal Alfredo Castillo Cervantes.

En conferencia de prensa, Castillo reconoció que la nueva depuración se efectuó cuando comenzó su gestión al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, entre septiembre y octubre de 2010, para llevar esas cifras a reuniones en el Congreso federal, donde se exigieron explicaciones a la dependencia.

Admitió que se desecharon los casos de mujeres asesinadas como consecuencia de asaltos a casas habitación, por percances o accidentes y algunos otros. Algunas ni siquiera eran originarias del estado de México, afirmó el procurador mexiquense.

Mientras tanto, en la ciudad de México, diversos legisladores, funcionarios, activistas y académicos exigieron al gobierno federal que atienda la solicitud de lanzar una alerta por violencia de género en el estado de México, petición que fue negada el martes por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El secretario de Gobernación, Francisco Blake, lamentó que la mayoría de los integrantes de ese organismo decidió no emitir la alerta, aunque descartó que esa decisión se haya debido a supuestas presiones políticas.

La diputada del PRD Leticia Quezada demandó que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se haga justicia en el caso de las mujeres violadas por policías en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2004.

Héctor Galindo, abogado de las mujeres afectadas, precisó que la respuesta del gobierno a la CIDH demuestra su falta de interés por los derechos humanos, ya que argumenta que nunca sucedieron dichas violaciones sexuales de mujeres por policías.

Posteriormente, diputados y diputadas del PRI ofrecieron una rueda de prensa para argumentar sobre por qué no procedió la alerta de género en el estado de México. La senadora María del Socorro García dijo que no se decretó porque no cumplió con los requisitos, (ya que) se tiene que atentar no sólo contra la vida, sino contra la libertad y la seguridad de las mujeres de manera generalizada en una región.

A su vez el diputado Héctor Guevara dijo que el estado de México “no ocupa el primer lugar en feminicidios, sino el 14. Hay otras entidades que ocupan los primeros lugares, entre ellas Chihuahua”. Los crímenes contra mujeres, aseveró el diputado, ocurren en todo el país y no deben utilizarse con un sentido político electoral.

Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, afirmó que la posibilidad de abrir una investigación sobre los feminicidios ocurridos en el estado de México debía verse como una oportunidad de prevención y no como una denuncia para dañar la imagen de Peña Nieto.

Hay 922 homicidios y 4 mil 773 denuncias por violaciones sexuales y eso no se puede esconder, señaló García Gaytán.

Como responsable de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, el Inmujeres se pronunció en favor de declarar la alerta de violencia de género en la entidad.

Por separado, Angélica de la Peña, ex legisladora federal y una de las impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dijo que lo ocurrido refleja la falta de voluntad y responsabilidad de las autoridades para cumplir dicha ley.

De su lado, la dirigencia nacional del PRD aseguró en un comunicado que la determinación de no emitir una alerta de género para el estado de México fue para proteger al gobernador de esa entidad, y tiene toda la intencionalidad de blindarlo electoralmente ante el golpeteo y el desgaste político que hubiera supuesto iniciar una indagatoria de dicha magnitud.

Por su parte, Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró lamentable que no se utilice un recurso jurídico que le costó tanto trabajo obtener a las organizaciones civiles.

Argumentar que la petición de alerta se trataba en el fondo de un golpe político contra el gobernador Peña Nieto –dijo–, o incluso que no era posible emitirla porque la administración pública seguía de vacaciones, demuestra que no hay compromiso real del gobierno con los derechos de las mujeres.

Antes del estado de México, ya habían sido rechazadas las solicitudes de alarma por feminicidios en los estados de Oaxaca y Guanajuato, recordó Pérez.

De su lado, Andrea Medina, enlace en el Distrito Federal de la red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, consideró lamentable que se den argumentos de una supuesta politización para no decretar esa alerta. Es absurdo que tengamos niveles altísimos de violencia feminicida y que no podamos utilizar los recursos que tenemos para frenarla, subrayó.