La Secretaría de Marina (Semar) rechazó dos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relacionadas con la muerte de dos civiles durante el operativo del 16 de diciembre de 2009 realizado en Cuernavaca, Morelos, en el que elementos de fuerzas especiales de la dependencia eliminaron a Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes.

En su respuesta, la dependencia precisó que Ignacio Aguilar, un tortillero que fue alcanzado por las balas cuando conducía su camioneta, iba alcoholizado y se negó a detenerse en un retén establecido por los marinos para evitar que sicarios al servicio de Beltrán Lyeva acudieran en su apoyo, mientras que en el caso de la mujer, la dependencia aseguró que perdió la vida al quedar su vehículo en medio de fuego cruzado entre las fuerzas especiales y sicarios.

De acuerdo con la información que está en poder de la CNDH, la dependencia que encabeza el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza se negó a aceptar las recomendaciones porque los elementos de la Armada actuaron conforme a derecho y de acuerdo con las circunstancias.

Según la recomendación 72/2010 de la CNDH, los marinos no pudieron comprobar el ataque o que su vida haya estado en peligro.

Según los testimonios recabados por la comisión, no hay evidencia de que los marinos hubieran aplicado persuasión verbal antes de disparar, como ordenan los procedimientos que regulan el uso legítimo de la fuerza.

La otra recomendación se refiere a los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2009, también en un operativo en Cuernavaca, en el que los marinos balearon el automóvil donde se encontraba una mujer que había salido de su domicilio a las 2:25 horas.

“En caso de que servidores públicos de la Secretaría de Marina hayan causado alguna lesión o pérdida de la vida durante el operativo realizado la madrugada del 11 de diciembre de 2009, no se puede decir que haya violaciones a derechos humanos, pues su proceder deriva de un acto lícito en legítima defensa”, alegó la Marina.

La CNDH había recomendado a la Inspección y Contraloría General de la dependencia que actuara penalmente contra los elementos que intervinieron en los hechos y que las procuradurías generales de la República y de Justicia Militar iniciaran la averiguación correspondiente.