El 2010 fue de extrema violencia, propiciada por los conflictos en el noreste, reconoció el presidente Felipe Calderón durante los Diálogos por la Seguridad con organizaciones civiles, a las que ofreció un fondo de apoyo para programas de prevención. Reivindicó su política en la materia y consideró que no ha sido ésta la que ha generado la situación sino, al contrario, el despliegue se ha dado donde se incrementó la conflictividad derivada de una disputa brutal y feroz, pues las”bandas están literalmente matándose”.

Calderón sostuvo que está convencido del combate al crimen organizado emprendido por su administración, porque de no haberlo hecho los delincuentes habrían llenado los espacios del país, incluso los de más alto nivel. Manifestó que se viven momentos muy difíciles, pero sé también, con toda convicción, que habremos de dejarlos atrás y que estamos en la ruta que debe seguirse para alcanzar el México de seguridad y de leyes que aspiramos.

Al encabezar esta nueva ronda de diálogos con la sociedad, el jefe del Ejecutivo federal demandó que el Poder Judicial revise su papel en la lucha contra la delincuencia organizada, y deploró los numerosos casos en que los criminales han sido liberados con argumentos formales; citó el caso de la activista Marisela Escobedo. Señaló que debe fortalecerse el trabajo de los tribunales, porque no basta con la aprehensión de los delincuentes, sino que debe garantizarse su procesamiento y condena.

El Presidente reconoció la necesidad de abatir la violencia, agregando que esto no implica claudicar en la lucha contra la criminalidad, porque eso sería inadmisible y sólo favorecería la consolidación de la delincuencia.

Ante los planteamientos de grupos civiles de que se revise la estrategia en la materia, Calderón señaló que su gobierno siempre ha estado dispuesto a analizar y revisar las acciones que ha emprendido, pero demandó propuestas concretas.

Manifestó también que debe reducirse la impunidad en los miles de homicidios que ocurren en el país e instó a los otros niveles de gobierno a coadyuvar en su esclarecimiento.

A los representantes de más de 20 organizaciones civiles les pidió más participación en esta lucha, mediante la verificación de las acciones de los tres niveles de gobierno, porque debe quedar claro quiénes son las autoridades que sí están involucradas en el combate a la inseguridad y quiénes no participan de esta responsabilidad.

La situación actual, afirmó, obedece al debilitamiento estructural que tienen las instituciones, la inacción en el pasado o la franca complicidad de autoridades, por lo que era imperioso enfrentar la criminalidad.

Dijo que puede haber municipios donde hay “gran paz, pero la realidad que se asoma es porque ahí Los Zetas o la Familia o los del Pacífico dominan hasta la última instancia de gobierno y de la vida social. Y a lo mejor no hay mucha violencia, pero la gente sabe que tiene que pagarles cuota”.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, Calderón alertó sobre las insuficiencias legales para enfrentar la penetración del crimen organizado en las corporaciones policiacas. Dijo que en Colombia, si el director de la Policía Nacional sabe que un agente de cualquier nivel está involucrado con los criminales, lo puede remover. En México, si tenemos conocimiento de que en Monterrey o San Nicolás de los Garza alguno está probablemente involucrado con los criminales, no tenemos, ni el Presidente, la facultad constitucional de removerlo.

Al abundar sobre la violencia que prevaleció en 2010, sostuvo que el país vive una lucha fratricida entre el cártel del Golfo y Los Zetas, que habían sido sus aliados durante casi una década. Subrayó el desmembramiento de liderazgos importantes de las organizaciones criminales y reiteró que la detención de 19 de los 37 principales jefes de esos grupos representan golpes importantes, pues los nuevos capos son necesariamente más débiles, inexpertos y vulnerables, además de que, si bien no es el fin de la historia, la recuperación de las organizaciones es más lenta y costosa.

Calderón destacó la necesidad de avanzar en los controles de confianza de las corporaciones policiacas y lamentó que en la actualidad, después de dos años de que se acordó su instrumentación, sólo hay 11 entidades que están más o menos avanzando, lo cual es un llamado de atención, porque se trata de una prefase para la depuración policiaca. Tener policías confiables, honestas y preparadas implicaría haber ganado una buena parte de la batalla contra la criminalidad.