n la primera semana de enero de este turbulento año que comienza, las comunidades chinantecas de Paso Canoa y Santa Úrsula, en el estado de Oaxaca, recibieron la visita de un grupo de investigadores estadunidenses, pertenecientes a la Corporación Privada de Inversión en el Exterior (OPIC, por sus siglas en inglés), una agencia del gobierno de Estados Unidos que proporciona financiamiento internacional. Estaban ahí para investigar actos violatorios de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, según la denuncia que desde el día 30 de noviembre del año pasado representantes de esas comunidades presentaron ante dicha organización.

En su denuncia los quejosos asentaron que desde hace varios años la empresa estadunidense Conduit Capital Partners, una sociedad de inversión con sede en la ciudad Nueva York, en colaboración con la mexicana Electricidad de Oriente, comenzó a realizar obras de infraestructura sobre la presa Cerro de Oro, con el propósito de modificar las vías fluviales locales para producir energía que sería comercializada a empresas privadas. Para la realización de dichas obras estaban utilizando un financiamiento de 60 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos proporcionó a la primera a través de OPIC.

La inconformidad de los quejosos tiene varios orígenes. Uno de ellos es la falta de información sobre las obras, su objetivo y los responsables de ellas, pero sobre todo, los impactos que tendrán sobre su vida y las medidas que se tomaran para evitarlos. En esto último se encuentra otra fuente de su preocupación porque desde la década de los años 80, cuando la presa sobre la que ahora se realizan nuevos trabajos fue construida, a ellos se les afectó profundamente su pasado y su futuro; decenas de miles de los habitantes fueron desplazados a otras regiones, no se cumplieron las promesas que les hicieron y algunas personas todavía mantienen demandas judiciales para que les cubran la indemnización por los daños sufridos.

Lo peor es que la incertidumbre es alimentada por los efectos que ya comienzan a verse por las obras que están en marcha: el cemento que se usa para las obras se está filtrando en el agua que consumen, las detonaciones de los explosivos están dañando casas, y las prácticas de adquisición de tierras han afectado la cultura local. De llevarse a cabo las obras como hasta ahora, el Arroyo del Sal va a quedar seco, ya no va a haber comida para nosotros. No va a haber nada, porque todo lo que acá cosechamos, lo poco que agarramos, es para nosotros sobrevivir, dijo la señora Yolanda Ortega Esteban, que habita en el pueblo de Santa Úrsula.

De acuerdo con Komala Ramachandra, abogada de Accountability Counsel, que representa a los denunciantes, este proyecto constituye una clara violación de las propias políticas de OPIC sobre protección social y medioambiental. La empresa ha mantenido a las comunidades en la ignorancia sobre el alcance del proyecto y sus impactos, y ha usado la intimidación para silenciar el disenso. Los impactos son cada vez más evidentes, así como los medios de vida se encuentran también bajo amenaza directa. En otras palabras, las violaciones que la oficina estadunidense investiga son porque la empresa financiada no respeta su normatividad interna.

Ahora que en el estado de Oaxaca existe un gobierno que quiere diferenciarse de su antecesor, sería muy saludable para el futuro de sus habitantes que dejara atrás la política del avestruz con que se ha tratado por muchos años a los pueblos y comunidades indígenas, y volteara a ver sus problemas con el propósito de buscarles soluciones. Instrumentos para hacerlo existen: ahí están los compromisos internacionales del Estado mexicano sobre derechos indígenas, lo mismo que la legislación oaxaqueña, que tanto se ha presumido como de avanzada; de igual manera cuenta con la Secretaría de Asuntos Indígenas. Sólo falta voluntad política y sensibilidad para iniciar un nuevo trato con los pueblos indígenas. Veremos si lo los integrantes del nuevo gobierno las tienen.