Nueva York, 9 enero. El acto de violencia en Arizona, que dejó seis muertos y 14 heridos, entre ellos una representante federal, ocurrió en uno de los estados con tal vez el ambiente político más polarizado del país, donde ultraderechistas han empleado símbolos, realizado actos y utilizado lenguaje agresivos en sus campañas antimigrantes y contra el presidente Barack Obama y sus aliados.

Dos víctimas, la diputada Gabrielle Giffords, quien aún se encuentra en estado crítico, y el juez John Roll, quien murió casi inmediatamente, habían recibido amenazas de todo tipo, inclusive de muerte, por sus posiciones sobre la reforma migratoria y el voto de la legisladora en favor de la reforma de salud de Obama, entre otras cosas. Aunque todo indica que el blanco del asesino era la representante y que el juez pasaba por ahí por coincidencia, ambos habían enfrentado un clima de intolerancia y odio nutrido por políticos y movimientos ultraderechistas, incluida gente afiliada al llamado Tea Party y la ex candidata a la vicepresidencia Sarah Palin.

El sheriff del condado de Pima, Clarence Dupnik, cuya jurisdicción incluye Tucson, señaló que la retórica política vitriólica que se ha ampliado por todo el país es factor importante en los hechos. Cuando uno ve gente desequilibrada, cómo responden a lo vitriólico que sale de ciertas bocas sobre cómo desmantelar al gobierno, la ira, el odio y la intolerancia que imperan en este país se están volviendo atroces. Desafortunadamente, creo, Arizona se ha convertido en la capital. Nos hemos vuelto la meca para el prejuicio y la intolerancia.

Por ello, todo el liderazgo republicano, desde el nuevo presidente de la cámara baja, John Boehner, hasta la propia Palin, de inmediato condenaron el crimen e intentaron tomar distancia de los hechos. Algunos integrantes del Tea Party de inmediato afirmaron que el acusado no es uno de los nuestros, mientras progresistas y liberales acusaron a políticos derechistas y sus bases de haber cultivado el ambiente político en que este tipo de violencia casi fue invitada.

De hecho, el liderazgo republicano en la cámara baja suspendió toda la agenda legislativa para esta semana por los sucesos en Tucson. Por su parte, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer –quien recientemente promulgó una ley que permite a los ciudadanos portar armas ocultas, sin permiso–, se sumó a las condenas y expresó su pesar.

Hoy, los médicos de la representante comentaron que están cautelosamente optimistas sobre la condición de Giffords y que ella ya respondió a señas a algunas instrucciones. Sin embargo, nadie sabe la magnitud del daño cerebral por la bala que le atravesó el cráneo.

Mientras tanto, el país está de luto por los seis muertos, incluidos el juez Roll y una niña de nueve años, quien nació el 11 de septiembre de 2001: Christina Taylor Green. Un asistente legislativo de la congresista figura entre los difuntos. Las banderas del Capitolio en Washington, como las de Arizona, están a media asta.

Por su parte, el acusado, Jared Lee Loughner, de 22 dos años, detenido frente al centro comercial y supermercado donde ocurrió el tiroteo, está en manos de autoridades federales y será acusado formalmente de homicidio este lunes ante un tribunal en Tucson. Ayer la policía local informó que está persiguiendo activamente a un segundo sospechoso, quien todavía no ha sido identificado.

Documentos oficiales presentados hoy ante el tribunal federal de Phoenix, por la Oficina Federal de Investigaciones y fiscales, indican que hay evidencia de que Loughner había premeditado la acción, reportó el New York Times. Éstos aseguran que Loughner compró la pistola Glock que utilizó en el asesinato en la tienda Sportsman’s Warehouse en Tucson el 30 de noviembre –en uno de los estados donde la adquisición legal de armamento es sumamente fácil y de donde provienen miles de armas decomisadas en México.

Todo ello ocurrió en una localidad que promovió la ley más antimigrante de Estados Unidos, lo que desató un intenso debate internacional, pero también donde el gobierno ha buscado anular programas de educación étnica sobre historia y cultura latina. De hecho, bajo la nueva norma, la semana pasada una Corte local ordenó cancelar programas de estudios latinos en el sistema de escuelas públicas de Tucson.

Fue un estudiante latino, Daniel Hernández, de 20 años, quien salvó la vida a Giffords. Voluntario en el acto, estaba a su lado. Cuando la vio caer aplicó presión sobre la herida para detener la hemorragia. Además, la mantuvo alerta. Como estaba padeciendo gran dolor, le dije que me apretara la mano tan fuerte como quisiera para aguantar, comentó a CNN.

El incidente sacudió a la clase política del país. Un ataque contra uno que sirve (al público) es contra todos los que sirven, afirmó ayer el presidente de la cámara, Boehner, y todos los legisladores federales fueron alertados para que tomaran medidas de precaución. El ataque ha desatado nuevamente un debate sobre el carácter del discurso político estadunidense, sobre todo el generado tras la elección de Obama, con agrupaciones ultraderechistas calificando de socialista al gobierno, cuestionando la ciudadanía del presidente, empleando códigos con implicaciones raciales, tildando sus políticas de antiestadunidenses y amenazando a políticos que son aliados de la Casa Blanca o apoyan algunas de sus iniciativas.

Arizona ha sido epicentro de esa ofensiva ultraderechista y dos de las víctimas de este ataque han sido objeto de agresiones anteriores. Giffords es una de los 20 legisladores incluidos en la lista de blancos identificados para ser derrotados por ultraconservadores en la contienda electoral en una página de Facebook publicada por Sarah Palin, con una gráfica que mostraba una mira de un rifle (el sitio fue cerrado recientemente). Su contrincante, el republicano ultraconservador y ex marine Jesse Kelly, convocaba a dar al blanco e invitaba a un acto de campaña donde las personas podían disparar un fusil M-16 automático.

Giffords empezó a recibir amenazas de muerte en 2010, durante su campaña de relección. Grupos afiliados a la ultraderecha, inclusive neonazis, la acusan de traición por sus ideas, a pesar de que es una demócrata moderada que apoya mayor presencia militar en la frontera, aunque respalda una reforma migratoria integral y también defiende el derecho a portar armas. Giffords había alertado hace meses sobre las consecuencias violentas de la retórica y los símbolos empleados por sus contrincantes.

Por otro parte, el juez federal Roll también había recibido amenazas de muerte por patriotas antimigrantes desde febrero de 2009, cuando resolvió en favor de una demanda legal de indocumentados contra un ranchero. Fue tan preocupante, que el servicio federal de alguaciles le otorgó protección un mes.

Todo indica que el odio sembrado en años recientes en Arizona y otras partes fue cosechado la mañana del sábado en Tucson.